Ha pedido la identificación de los responsables de las contrataciones a empresas del grupo de Correa
01 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira se ha volcado en las últimas semanas en la investigación de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, con el único límite de los políticos del PP aforados en esa autonomía. Pedreira incluso prepara la imputación de altos cargos de la Generalitat por las supuestas irregularidades en las adjudicaciones públicas a la red empresarial corrupta, que ha revelado un informe la Intervención General del Estado. Unas acusaciones que niegan el propio Gobierno autonómico y sus servicios de intervención y abogacía. El magistrado madrileño ha dado el primer paso tras recibir el controvertido estudio. El pasado jueves requirió a la abogada general de la Generalitat valenciana, Isabel Villalonga, para que «informe sobre la identidad de quienes fueran, desde el año 2004 al 2009, los máximos responsables de los 17 departamentos (incluidos la Presidencia, Vicepresidencia y siete consejerías) que cerraron contratos con nueve empresas del grupo Gürtel, tal y como informó la Unidad de Apoyo Judicial. Pedreira ordena a Villalonga que le remita información detallada sobre quiénes eran los «consejeros, presidentes, directores, etcétera» que estaban al frente de esos organismos públicos (que enumera) y «una vez identificados los mismos» que informe sobre «el cargo que desempeñan en la actualidad». Esta última apostilla es para conocer si entre las personas bajo investigación, como así ocurre, hay varios altos cargos que están aforados, por lo que no podría ni imputarlos ni llamarlos a declarar como testigos. La iniciativa de investigar hasta el final las responsabilidades penales de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps ha surgido de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de delito en varios de los contratos, según informaron fuentes del ministerio público. El estudio de la Intervención del Estado revela que el Gobierno de Camps adjudicó más de 7,2 millones de euros a la trama Gürtel entre el 2004 y el 2009. Los inspectores entienden que al menos 14 de los 85 contratos localizados fueron irregulares. Además, la inmensa mayoría de los expedientes, 76, fueron tramitados como contratos menores (menos de 12.000 euros), soslayando así el concurso público. Tanto el Gobierno de Francisco Camps como la Intervención de la Generalitat valenciana y la abogacía autonómica, a la que Pedreira ha requerido la información sobre los altos cargos bajo sospecha, han negado las acusaciones de la Unidad de Auxilio Judicial. La Abogacía de la Generalitat afirma en un comunicado que «todas las contrataciones realizadas por la Administración autonómica se ajustan a la más estricta legalidad y cumplen lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» y que la «Generalitat ha sido perfectamente auditada y fiscalizada, sin que se haya encontrado ningún elemento de ilegalidad en los órganos de control, como son la Intervención General o la Sindicatura de Comptes». Y la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, calificó de «infamia, mentira y difamación» las acusaciones, al tiempo que defendió la «honestidad y la legalidad» de la Administración autonómica.