La presidenta Casas encarga la ponencia a un magistrado conservador, tras perder la votación por 6 a 4
17 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Tampoco a la quinta fue la vencida. Transcurridos tres años y casi nueve meses desde que el PP recurrió el Estatuto catalán, la sentencia tendrá que esperar. El pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer por seis votos a cuatro el quinto borrador presentado por la ponente, la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, que avalaba la mayor parte del Estatuto catalán -en torno al 85% del texto-, aunque anulaba 15 artículos y disposiciones e interpretaba otros 25 para adecuarlos a la Constitución, entre los que estaban el deber de conocer el catalán, la bilateralidad de las relaciones Estado-Generalitat, la financiación, el blindaje competencial o los derechos históricos. Era el fallo más favorable posible para los defensores del Estatuto, dada la partición de la corte en dos bloques.
Tres días de intensos debates y el hecho de que la presidenta, María Emilia Casas, se empleara a fondo, no sirvieron para variar las posiciones: los cinco magistrados conservadores y Manuel Aragón -nombrado por el Gobierno de Zapatero- votaron en contra, mientras los otros cuatro integrantes del bando progresista lo hicieron a favor. Finalmente, Casas no logró atraer a sus posiciones ni a Aragón, al que trató de convencer hasta el último momento, ni a los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas, que estaban dispuestos a pactar una sentencia más restrictiva que la propuesta por Pérez Vera, sin llegar al rechazo frontal de Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata y Javier Delgado, que consideran inconstitucional lo sustancial del Estatuto, en la línea del recurso del PP.
Aragón tenía la llave
Aragón tenía la llave para alumbrar la sentencia. Al final se mostró dispuesto a que se mantuviese el término «nación» en el preámbulo, sin efectos jurídicos, y los «símbolos nacionales» del artículo 8, referidos a la «nacionalidad» catalana, pero exigía como contrapartida que se dejara claro que España no es un Estado plurinacional y que la soberanía es indivisible y reside en todo el pueblo español. Los cuatro progresistas aceptaron, pero siempre que se recogiera en los fundamentos de derecho y no en el fallo, a lo que Aragón se negó, porque en el futuro Cataluña podría reclamar su carácter de nación.
Ahora será el vicepresidente del tribunal, Guillermo Jiménez, el más moderado de los conservadores, el encargado de redactar la nueva ponencia. Este catedrático de Derecho Mercantil de 70 años, que se ha desmarcado en ocasiones de sus compañeros de bloque, como cuando avaló junto a los progresistas el Estatuto valenciano, asumirá la difícil tarea de lograr la mayoría necesaria para desatascar la sentencia más importante de la historia del tribunal, ya que no solo tendrá importantes consecuencias políticas, sino que también definirá la arquitectura territorial del Estado.
Más desgaste
El cambio de ponente retrasará semanas o incluso meses un nuevo intento del tribunal. La proximidad de las elecciones catalanas, previstas para el otoño, deja un escaso margen a Jiménez, dado que es muy improbable que el Constitucional dé a conocer la sentencia en período preelectoral.
El nuevo intento fallido supone un desgaste añadido para el órgano encargado de velar la Carta Magna y mantiene la incertidumbre en la política nacional, especialmente en la catalana. En esta ocasión había mayores expectativas de que hubiera sentencia, ya que la presidenta quería forzar una votación para que cada magistrado se retratase y, además, parecía dispuesta a imponer por primera vez su voto de calidad para deshacer un teórico empate a cinco, a pesar del desgaste personal, político e institucional que supondría sacar adelante una sentencia tan decisiva con un tribunal partido en dos.