El ministro de Fomento, José Blanco, salió ayer del Congreso de los Diputados más que satisfecho. No en vano, la Cámara baja convalidó el real decreto ley del Gobierno que recorta el poder de los controladores aéreos y dio luz verde a una modificación de la Ley de Seguridad Aérea.
El decretazo a los controladores, que se han tomado quince días para preparar su estrategia y retomar la negociación de su segundo convenio colectivo con Aena, pasó el examen parlamentario, aunque no sin ciertas críticas por parte de sus señorías.
Blanco necesitaba la convalidación, y la logró, pero todos los portavoces parlamentarios de la oposición manifestaron ciertas dudas y críticas por considerar la reforma «terriblemente» tardía, pero, a la vez, «precipitada» y hasta «un cierto descaro político» en las formas, como señaló el representante del PNV José Ramón Beloki. El más crítico fue Gaspar Llamazares (IU), el único que votó en contra al entender que el paso dado por el Ministerio de Fomento vulnera de forma flagrante el derecho a la negociación colectiva. El real decreto será tramitado como proyecto de ley, lo que permitirá que su articulado sea modificado en el debate parlamentario. José Blanco, que agradeció el respaldo de la Cámara a una norma que garantiza «la prestación y la sostenibilidad» operativa y financiera del servicio de tránsito aéreo, se mostró dispuesto a mejorar el texto.
Rebaja salarial
El real decreto rebaja el salario medio de los controladores en 150.000 euros al año y les impone 1.750 horas de trabajo anuales. El actual convenio solo establece 1.200 horas. Además, abre a la competencia las torres de control y devuelve a Aena la capacidad de gestionar el trabajo.