Preparó las medidas con representantes de los trabajadores, que acusan al ministerio de minimizar la amenaza
30 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Ministerio del Interior ordenó el jueves extremar la seguridad entre los 25.000 funcionarios de prisiones y reforzar al máximo la protección de instalaciones penitenciarias y convoyes de traslados de trabajadores. Los analistas de las fuerzas de seguridad temen que ETA, que ha vuelto a situar en el epicentro de sus reivindicaciones el fin de la dispersión de los reclusos terroristas, trate de atentar contra un trabajador de las cárceles o que, incluso, planee un secuestro, como ya hizo con José Antonio Ortega Lara durante 532 días entre 1996 y 1997.
Los expertos de Interior mantienen que la acción relevante anunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba podría ser, además de un gran atentado contra un edificio policial o militar, el secuestro de un funcionario de Instituciones Penitenciarias, un «sector significativo desde el punto de vista social», como lo denominó el ministro. Los analistas de Interior apuntan que el nivel de amenaza contra el colectivo no era tan alto desde que en octubre del 2000 los terroristas asesinaron en Vitoria al funcionario de la cárcel de Nanclares de Oca Máximo Casado con una bomba lapa en los bajos de su vehículo privado.
La preocupación es creciente en el ministerio, pero también entre los trabajadores penitenciarios. El jueves, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y una comisión integrada por varios expertos de seguridad del ministerio se reunieron en la sede de Interior con responsables de los dos mayores sindicatos del área, ACAIP y CSI-F, con un solo punto en el orden del día: «Revisar, actualizar, mejorar e intensificar» la protección de los funcionarios.
Responsables penitenciarios explicaron que en ese encuentro, «estrictamente técnico y sin contenido político», además de estudiar el nivel de amenaza, se analizaron «una por una y centro por centro» las deficiencias de seguridad detectadas en los últimos meses en los traslados, perímetros de los centros, contravigilancias, autoprotección, aparcamientos, intervención de comunicaciones, entre otros ámbitos. Dedicaron especial atención a la seguridad de los empleados de los 53 centros gestionados por la Administración central que acogen miembros de ETA, 586, según el último recuento.
Medidas concretas
De la reunión salieron «numerosas decisiones concretas» para extremar la protección ante la nueva campaña de los terroristas, que por supuesto no se harán públicas por seguridad. La propia Gallizo pidió la máxima discreción a los sindicatos para evitar la filtración de las medidas de prevención.
Pero los representantes de los trabajadores no salieron contentos. Responsables de las dos centrales aseguraron que Instituciones Penitenciarias minimizó el riesgo, sin reparar en que durante todo enero se han sucedido los altercados de baja intensidad con internos de ETA en una decena de centros.
Además de denunciar deficiencias concretas en la protección del colectivo, insisten en el «recrudecimiento de las amenazas de la banda» y en la necesidad de reforzar la seguridad en el interior de las prisiones.