Los alcaldes populares exigen una reforma de la ley de extranjería

Reclaman al Gobierno que precise los derechos de los ciudadanos extranjeros con y sin papeles


El PP y el comité de alcaldes del partido firmaron ayer un comunicado conjunto en el que exigen al Gobierno la inmediata reforma y endurecimiento de la ley de extranjería -que fue modificada en el Parlamento el otoño pasado-, con el principal objetivo de regular de forma «clara» los derechos y libertades que asisten a los extranjeros que viven en España y de que «sea diferente la [regulación de derechos] de los extranjeros con residencia legal de la de los extranjeros sin residencia legal».

Reclaman que esta decisión «no se haga depender de un alcalde o del empadronamiento municipal, cuando además existen importantes contradicciones en la legislación», para evitar que se repitan polémicas como las de Vich o Torrejón. Culpan de los problemas actuales a la «falta de un política de Estado del Gobierno» y exigen que se establezca un procedimiento único de reconocimiento de derechos en todo el país.

La dirección popular anunció que volverá a llevar una propuesta de reforma al Congreso que contemplará: la prohibición por ley de las regularizaciones masivas; mayor control de fronteras; mecanismos suficientes para garantizar la igualdad de derechos a través de fórmulas como el contrato de integración para los residentes; medios para hacer efectivas las órdenes de expulsión; una regulación más rigurosa en la concesión de permisos de residencia por arraigo, respecto a los extranjeros que tengan pendiente una orden de expulsión; y, por último, mecanismos de expulsión preferente a aquellos extranjeros condenados con penas de más de seis años una vez cumplida la condena.

«Contradicciones»

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hizo hincapié en recalcar que la ley de extranjería actual, al igual que otras normativas, como las de ámbito municipal, generan «contradicciones», y por tal motivo, urge «un marco regulatorio claro» y único en todo el territorio. Es decir, según explicó, reformar la normativa para que la ordenación de la inmigración dependa solo del Gobierno y sea común en toda España, de tal forma que ni el padrón ni «la voluntad de los ayuntamientos» sean determinantes. Hasta la fecha, dijo, el Ejecutivo del PSOE «está de espaldas» a la inmigración «y sin actuar», y así, entretanto, los alcaldes «cargan» con una decisión que no les corresponde.

De Cospedal, tras señalar que esta posición es la que lleva sosteniendo su partido desde hace tiempo, incidió en que si bien el padrón no reconoce derechos a los inmigrantes, tal y como recoge la Ley de Bases del Régimen Local, «de facto sí» lo hace.

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