Los conservadores y los no adscritos, mayoritarios, tildan de cosméticos los cambios habidos desde febrero, mientras que centristas y progresistas avalan la negociación
04 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Ni el cambio de Bermejo por Caamaño -dos talantes antitéticos- al frente del Ministerio de Justicia, ni el plan de modernización aprobado el pasado día 18 por el Gobierno van a poder evitar que, el próximo jueves, los jueces protagonicen su segunda huelga en menos de un año. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria dentro de la carrera judicial, aunque solo representa a una cuarta parte de sus miembros, se ha quedado sola en una convocatoria de la que se han descolgado las otras tres asociaciones profesionales, dos de ellas más por evitar el seguidismo que por discrepancias en las reivindicaciones.
Pero esta segunda huelga, como ya había ocurrido con la primera, lleva visos de contar con un seguimiento mayoritario porque parece tener el respaldo de la gran mayoría de los jueces no adscritos a ninguna de las cuatro asociaciones, como vienen poniendo de manifiesto las juntas de jueces celebradas en las distintas provincias.
¿Por qué una nueva huelga? La APM argumenta que, aunque el plan de modernización a tres años «puede parecer en principio positivo, no es sino un fogonazo adecuado para eliminar instantáneamente las sombras que amenazan la coyuntura política, pero absolutamente incapaz de alumbrar la desesperación ciudadana y judicial que llevó al actual proceso reivindicativo». Los representantes de la asociación entienden que, con la oferta del ministerio, España seguirá en los últimos puestos de Europa en la ratio de jueces por habitante y asuntos por juez.
Oferta insuficiente
Las reivindicaciones de los jueces no adscritos coinciden en parte con las de la APM. Consideran que de las ocho reivindicaciones básicas que llevaron a la huelga del 18 de febrero solo se atendió «parcialmente» la de la supresión del ascenso forzoso. Entienden que la oferta es, a todas luces, insuficiente para afrontar de forma inmediata el actual colapso judicial. Consideran que es necesario asignar a Justicia un 2% de los Presupuestos del Estado, algo que está muy lejos del 0,5% actual.
Reclaman unos baremos realistas para evaluar tanto la carga real de trabajo de los juzgados como la acumulada y reclaman que se les dé voz en los órganos de representación de la carrera, que actualmente están copados por unas asociaciones que no son representativas del conjunto de la carrera judicial en activo.
Avances
La Asociación Francisco de Vitoria no convoca ni respalda la huelga del jueves porque, según su portavoz, Marcelino Sexmero, no se dan las condiciones suficientes. Entienden que el colapso judicial sigue siendo el mismo que hace medio año, pero ha habido un cambio de actitud por parte del ministerio. También admiten que se han registrado unos pequeños avances porque, por primera vez, hay una mínima inversión en la creación de nuevas plazas de jueces y nuevos órganos judiciales. Según Sexmero, antes del 18 de febrero estaban en un callejón sin salida, mientras que el actual equipo no les ha negado nada. «Lo que no se ha conseguido -dice- es porque no lo permite la crisis actual».
La asociación de corte progresista Jueces para la Democracia tampoco está por que se realice la huelga. Según manifestó Miguel Ángel Gimeno, su portavoz, «existe un proceso de negociación en marcha que ya ha dado sus frutos. No conseguimos todo lo que quisiéramos, pero creemos que hay recorrido antes de recurrir a este tipo de medidas».