Las acusaciones de María Dolores de Cospedal incluyeron un velado reproche a la judicatura, a la que hizo corresponsable de la situación al menos por someterse a los designios del Ejecutivo. Un reproche que ha generado un fuerte malestar en la carrera, cuyos principales portavoces dedicaron ayer gruesas palabras a la secretaria general del PP, a la que emplazaron a poner sus sospechas en manos de la Justicia.
Así lo hizo el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa. «Yo respondo por todos los jueces de España que actúan de forma legal, y las escuchas telefónicas que se puedan haber efectuado desde el punto de vista judicial siempre son bajo el control de los jueces y magistrados españoles», afirmó. «Cualquier duda que exista, considero que debería de ponerse en manos de la Justicia», indicó.
«Extraordinaria gravedad»
Los portavoces de las distintas asociaciones judiciales fueron menos diplomáticos en sus reacciones. Antonio García, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dijo que la denuncia es de una «extraordinaria gravedad», por lo que debe comunicar esos hechos «ante un juez de instrucción, la propia Fiscalía o al funcionario policial más próximo para que se investiguen y esclarezcan de manera inmediata».
Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), se confesó perplejo por las palabras de la dirigente del PP, porque «son muy perturbadoras para nuestro sistema democrático, ya que deslegitiman uno de sus pilares básicos», todo ello «sin ofrecer un solo dato, una sola prueba», lo que «hace un flaco favor a la democracia». El portavoz de Francisco de Vitoria, Marcelino Sesmero, calificó de «torticeras y mendaces» las acusaciones de De Cospedal, y replicó que «es falso que estamos al servicio del Gobierno». «O aclara esas declaraciones o que las desmienta, de lo contrario sus palabras pueden ser objeto de una querella al tratarse de una calumnia», añadió el magistrado, que a reglón seguido precisó que su asociación no estudia hacerlo. «Lo que no puede hacer un responsable político es soltar unos hechos criminales que suponen una calumnia sin presentar pruebas en los juzgados».