El corralito financiero fue una medida desesperada adoptada por el Gobierno argentino para salvar del colapso al sistema financiero, alcanzado de lleno por la recesión económica más prolongada de la historia del país sudamericano. La decisión tuvo un alto coste político (provocó la caída del presidente Fernando de la Rúa y de dos ministros de Economía), pero aún mayor fue el coste social, ya que provocó un empobrecimiento general, con especial incidencia en las clases media y trabajadora, condenada a la miseria.
El 3 de diciembre del 2001, el Gobierno argentino aprueba un decreto que incluye, entre otras medidas, la prohibición de retirar de los bancos cantidades superiores a 250 pesos (o, lo que es lo mismo, 250 dólares) e impide las transferencias al exterior. Con el bloqueo de los depósitos, el Ejecutivo pretendía frenar una desbocada fuga de capitales que había disminuido los fondos de las entidades financieras en más de un 20% en los ocho meses precedentes. A esta situación se llegó a consecuencia de una crisis económica iniciada en 1998, al final del mandato de Menem, que se tradujo en un desempleo récord próximo al 20%, un déficit fiscal y una deuda externa sin parangón, y una caída de la actividad económica del 45%. Todo ello agravado por el sistema de convertibilidad fijo con el dólar y las draconianas exigencias del FMI en la renegociación del pago de la deuda.
El corralito logró salvar el sistema financiero, pero a costa del grueso de la población, que se empobreció hasta límites insospechados, y de una caída abrupta de la producción y la actividad económica por el frenazo de la liquidez.
Las protestas sociales propiciaron un cambio en la presidencia el 3 de enero del 2002. El nuevo jefe del Estado, Eduardo Duhalde, decretó el fin del corralito, que se hizo efectivo el 2 de diciembre.