La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años de cárcel y el pago de una multa de 6.000 euros para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial. El ministerio público responde con esta acusación a la magistrada del juzgado de Nules (Castellón), que el 11 de mayo dictó auto de incoación de procedimiento abreviado al ver indicios de delito en Fabra y en otros ocho imputados.
El fiscal, Luis Pastor Motta, considera que el presidente de la Diputación de Castellón manipuló sellos y firmas de forma continuada para que dos de sus empresas, Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000, consiguieran del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «el mayor número posible» de autorizaciones para producir productos fitosanitarios. Entre otras falsificaciones, «simulaba informes técnicos e imitaba documentos supuestamente emitidos por laboratorios de la India y China».
Fabra era socio en estas empresas de Vicente Villar, y las esposas de ambos, Amparo Fernández y Monserrat Vives, participaban en una de las empresas beneficiarias. Todos están imputados y el fiscal pidió ayer también para Vilar y Vives dos años de prisión. La jueza decidirá en los próximos días si abre juicio oral. Esta es una de las causas que investigan los juzgados de Nules sobre las actividades del presidente de la Diputación Provincial.