La vicepresidenta primera del Gobierno presentó ayer en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el plan español sobre derechos humanos aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado. La presencia de Fernández de la Vega en Nueva York coincide con la conmemoración del sesenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Fernández de la Vega señaló que esa fecha, unida a los 30 años de la Constitución española, dan sentido a este proyecto que está anclado en ambos documentos. En un encuentro con los medios de comunicación previa a su reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la vicepresidenta detalló el plan. De él dijo que «tiene dos ejes prioritarios, el de la igualdad y el de las garantías». Explicó que está dentro de su época y atiende a nuevos derechos que se suman a los derechos civiles tradicionales. Así, figuran los relacionados con las nuevas tecnologías o derivados de las consecuencias del cambio climático.
El conjunto de derechos que detalla es «casi un programa electoral», dijo Fernández de la Vega, y se extenderá a lo largo de toda la legislatura. Especifica 172 medidas que van desde incrementar la presencia en misiones de observación electoral en países extranjeros hasta el derecho a voto en las elecciones municipales para los inmigrantes en España o la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Algunos son proyectos de ley que ya están en el Parlamento, como la reforma de la Ley de Asilo, y en otros, proyectos que están o se pondrán en marcha. «En todos los casos nos marcamos unas fechas de actuación», explicó la vicepresidenta.
Para cumplir el segundo eje del proyecto, el de las garantías, se creará una comisión de seguimiento en la Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales. Estará formada por el secretario de Estado, técnicos de los ministerios implicados, representantes de oenegés, de institutos de estudios de derechos humanos, de las universidades y de dos expertos independientes.
Esta comisión evaluará la actuación del Gobierno sobre el cumplimiento del plan cada seis meses. Y además, el secretario de Estado comparecerá una vez al año en el Parlamento para dar cuenta de los progresos. «España quiere seguir liderando la defensa de los derechos humanos en el mundo», resumió la vicepresidenta sobre los objetivos del plan.