Eusko Alkartasuna anunció ayer su intención de apoyar una moción de censura del PNV para arrebatar a ANV la alcaldía de Azpeitia, la localidad guipuzcoana en que fue asesinado la semana pasada el empresario Ignacio Uría. Esta decisión fue comunicada por la ejecutiva de EA poco después de la reunión que su presidente mantuvo ayer con el del PNV, Íñigo Urkullu.
EA, que gobernaba en coalición con ANV, abandonó el gobierno local al negarse esta formación a condenar el atentado. El voto de sus dos concejales será suficiente para colocar al frente de la corporación local al candidato del PNV, el partido más votado en la localidad, con ocho de los diecisiete concejales.
Interpretaciones enfrentadas
Al margen del acuerdo en Azpeitia, se mantiene el enfrentamiento entre el Gobierno y el PP sobre la disolución inmediata de los ayuntamientos gobernados por ANV. Los populares acusaron ayer al presidente del Gobierno de no avanzar en este camino por mero «cálculo electoral». El PP cree que los socialistas confían en arañar votos nacionalistas en las elecciones autonómicas vascas de marzo, pero temen que si adoptan una medida de este tipo ese hipotético apoyo podría volverse en contra.
Socialistas y populares hacen una interpretación diferente sobre las condiciones de aplicación del artículo 61.2 de la Ley de Régimen Local, que en opinión del Gobierno requiere la reiteración y gravedad de conductas perjudiciales para los intereses generales. En cambio, el PP interpreta que los ayuntamientos de ANV mantienen una acción concertada de negarse a condenar el terrorismo, lo que justificaría una decisión única de disolución conjunta de todos los ayuntamientos que gobierna, sin necesidad de ir corporación a corporación.
Además de esta diferente visión, el Gobierno considera que una disolución conjunta puede llevar aparejado, entre otras consecuencias no deseadas, que los concejales de fuerzas democráticas de ese mismo consistorio reciban igual castigo.
Esta es la razón por la que el Gobierno y los socialistas son partidarios de utilizar ahora las mociones de censura para desalojar a los alcaldes de la formación proscrita hasta que se aprueben las reformas legales comprometidas para proceder contra las organizaciones políticas del entorno de ETA.