La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, reclamó ayer un incremento de la dotación presupuestaria que permita ampliar el número de juzgados exclusivos contra la violencia machista y evitar de esta forma sobrecargas de trabajo. Como la que sufre, según el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, la sección de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid, que está «absolutamente desbordada» por el ingente volumen de asuntos que deben tramitar los jugados especializados en esta materia.
Inmaculada Montalbán señaló que aunque el funcionamiento de los juzgados exclusivos en materia de violencia machista es adecuado, la respuesta de aquellos juzgados llamados compatibles -que además de estos asuntos juzgan otros relacionados con distintos ámbitos- «no es la que se espera cuando existe una sobrecarga de trabajo». También consideró necesario activar las ayudas económicas que las mujeres necesitan para romper con la dependencia económica, que es lo que en muchas ocasiones las frena a la hora de denunciar.
La vocal del Poder Judicial destacó que se está ejerciendo una justicia más eficaz al concederse cerca del 73% de las órdenes de protección solicitadas y al incrementarse el número de mujeres que denuncian casos de malos tratos. Sin embargo, subrayó, que «quedan cosas por hacer» en cuanto a las labores de sensibilización y prevención, así como en lo relativo a la formación de los jueces. «Tengo la convicción de que esta ley integral es un elemento adecuado», expresó, y añadió que se trata de un instrumento «de largo recorrido» que «está siendo sometido siempre a evaluación».
Mejorar la coordinación
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reconoció que es necesario mejorar la coordinación en la lucha contra la violencia machista. En la inauguración de un congreso que analiza los tres años de aplicación de la ley integral, Aído definió la ley como un buen instrumento, pero como tal «no es intocable». Por ello, precisó, «debemos plantearnos el ajuste de los instrumentos penales y procesales a los objetivos perseguidos y sobre todo mejorar la eficacia de las medidas acordadas en favor de la protección de las víctimas». La ministra apostó por la coordinación entre las fuerzas de seguridad, los órganos judiciales y la actuación sanitaria, entre otros agentes e instituciones.