La iniciativa ha desatado una polémica entre la judicatura y la clase política española
03 sep 2008 . Actualizado a las 18:04 h.La iniciativa del juez Garzón de investigar judicialmente el número de desaparecidos durante la dictadura franquista ha desatado una polémica entre la judicatura y la clase política española. Mientras los defensores señalan que es necesario que se investigue este asunto, los detractores se oponen a que se remueva el pasado. Y en caso de que se haga, que no se incline la balanza solo hacia el bando nacional. Además, recuerdan que los delitos atribuibles a la represión franquista prescribieron con la Ley de Amnistía de 1977. Garzón ordenó el pasado lunes elaborar un censo de todos los desaparecidos durante el franquismo para determinar si la Audiencia Nacional es competente para enjuiciar la dictadura.
Según el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, las investigaciones penales no están previstas para dar lugar a la apertura de causas generales, mientras que el de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, se mostró ayer sorprendido de que se abra la vía penal cuando podría hacerse desde el ámbito político, informa Efe. En este mismo sentido se pronunció el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, que ve difícil que prospere la investigación de Garzón y que esta pueda concluir en una acusación por delito. Jimeno, que defendió el derecho de los familiares de las víctimas a saber «dónde están sus muertos», cuestionó que se haga a través de un proceso judicial, ya que, en su opinión, debería ser el Ejecutivo el que lo llevara a cabo. Para que actúe un juez penal, dijo el portavoz de JpD, es preciso que existan unos hechos que puedan ser constitutivos de delito y que puedan ser perseguidos en la actualidad. Se trataría entonces de un delito de genocidio, que no prescribe, pero su incorporación a la legislación española -dice- es posterior a los hechos que se investigan y no se puede actuar con efectos retroactivos.
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo ayer que no es partidario de «reabrir las heridas del pasado», sino de mirar al futuro. «Soy partidario de no reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga», subrayó el líder del PP, para quien la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil es algo que «no conduce a nada».
Recordó que cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica ya dijo que «lo mejor de la Constitución de 1978 fue que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar al futuro y construir un futuro mejor».
«Enorme error»
El eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja se sumó a las críticas calificando de «disparate» la decisión de Garzón. Le parece un «enorme error» porque es «echar piedras contra nuestro propio tejado», después de puntualizar que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno era una de las «más perniciosas».
La otra cara de la moneda en el partido opositor fue Alberto Ruiz-Gallardón. El alcalde de Madrid señaló que la petición del juez hay que «acatarla y no comentarla» y se comprometió a que el Ayuntamiento de la capital la cumplimentará «en todos sus términos».
El alcalde señaló que cuando reciban la petición la estudiarán en profundidad, si bien puntualizó que «el Ayuntamiento de Madrid hará siempre cualquier cosa que le requiera un juzgado».