La muerte del conservador García-Calvo obliga a renovar casi la mitad del tribunal
20 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.De un tiempo a esta parte, el Tribunal Constitucional no gana para sobresaltos. El máximo intérprete de la Carta Magna debería estar muy, pero que muy, por encima de las batallas políticas, ya que de su imparcialidad depende su credibilidad, y de ella el adecuado cumplimiento de su mandato. Porque lo contrario sería tanto como poner al zorro a cuidar de las gallinas.
Algo de eso ha pasado con la tramitación del recurso contra el Estatuto de Cataluña, que dio lugar a una guerra de recusaciones sin parangón en la historia del tribunal. Al final, el debate sobre el Estatuto quedó en manos de once de los doce magistrados. Y ahora, tras la muerte de Roberto García-Calvo, de diez. Y, teniendo en cuenta que de ellos cuatro agotaron su mandato el pasado mes de diciembre, resulta que solo la mitad del tribunal goza de una legitimidad sin tacha para abordar una decisión de semejante calado.
La muerte de García-Calvo trastoca radicalmente la correlación de fuerzas en el seno del tribunal, hasta ahora en un equilibrio que deshacía en favor de los progresistas el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas. En el caso del debate sobre el Estatut, los conservadores estaban en mayoría de 6 a 5. Pero ahora, son los progresistas los que vuelven a tener la sartén por el mango.
Los 12 miembros del Constitucional, con un mandato de nueve años, se renuevan por tercios cada tres años. Cuatro magistrados los elige el Congreso, por mayoría de tres quintos, lo que requiere del consenso de las dos fuerzas mayoritarias, PSOE y PP. Dos son promovidos por el Gobierno y otros dos por el Consejo del Poder Judicial. Los cuatro restantes los elige el Senado entre candidatos propuestos por las Cámaras autonómicas. Estos son los cuatro que procedía haber renovado en diciembre pasado, y entre ellos figuran la presidenta y el vicepresidente. El cambio no fue posible porque algunos Parlamentos alegaron que necesitaban reformar su reglamento para decidir el procedimiento electivo.
Y porque el propio tribunal estaba pendiente de resolver un recurso de inconstitucionalidad del PP sobre la ley de hace un año que introducía la participación de las comunidades en la elección de los magistrados.
Los populares pretendían ganar tiempo y que el Constitucional resolviera el recurso sobre el Estatuto de Cataluña antes de su renovación. La muerte de García-Calvo les ha reventado la estrategia. Los conservadores se quedan en minoría en cualquiera de las circunstancias, por lo cual el PP ya tiene poco que ganar obstaculizando la renovación del Constitucional.
Un tribunal que los partidos quisieron convertir en una tercera cámara política. El PP recurrió 23 de las 147 leyes aprobadas la pasada legislatura. Entre ellas algunas tan significativas como la del matrimonio homosexual, la de Igualdad e incluso la que derogó el trasvase del Ebro.