Zapatero apuesta por una legislatura de perfil bajo

El presidente del Gobierno quiere de sus ministros menos iniciativas legislativas y más gestión política.


José Luis Rodríguez Zapatero se tomará el arranque de la legislatura con mucha tranquilidad. El presidente del Gobierno ha interiorizado que lo que ahora desean los ciudadanos es «calma y sosiego» y prepara un mandato, según avisan en el Ejecutivo y en la dirección del grupo parlamentario, con «menos iniciativa legislativa y más gestión política» que el anterior. De momento, tampoco la gestión es evidente. En el mes transcurrido desde la investidura su agenda ha tenido poco que ver con el frenesí de abril y mayo en el 2004 y en su entorno dan por hecho que, hasta otoño, nada «echará a rodar».

El mismo Zapatero que hace cuatro años corrió para dar la vuelta como un calcetín a las políticas de sus antecesores y se empeñó en dejar constancia de su llegada a La Moncloa, se prodiga hoy bastante poco. En campaña electoral prometió que en caso de ganar las elecciones citaría de inmediato, un día después de asumir el cargo, a los agentes sociales. El encuentro debía servir para llegar a un acuerdo que permita hacer frente a la «desaceleración económica». Pero ni aún se ha producido ni tiene fecha.

Es cierto que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, celebró esta misma semana un encuentro con los representantes de la patronal y los sindicatos. Sin embargo, en el Ejecutivo dan ya por hecho que será difícil firmar esa nueva declaración de diálogo social hasta después del verano. También dejan para el próximo período de sesiones la reunión de la Conferencia de Presidentes.

Zapatero prometió en una jornada negra de violencia machista que, en su primera semana de gobierno, convocaría a todos los dirigentes autonómicos para elaborar un plan de choque contra esta lacra en coordinación con todas las administraciones implicadas. De aquel anuncio, hecho al calor de cuatro asesinatos de mujeres en apenas 48 horas, durante un mitin en Baracaldo, no se ha vuelto a saber nada.

La parsimonia con la que el presidente afronta los primeros días de su segundo mandato contrasta con la premura de otros tiempos. En los primeros cien días de Gobierno tras la victoria de 2004 Zapatero retiró las tropas de Irak, aprobó el proyecto de ley orgánica contra el maltrato a las mujeres, abrió el debate del matrimonio homosexual y derogó por decreto las medidas más polémicas de la Ley de Calidad de la Enseñanza impulsada por el PP y del trasvase del Ebro recogido en el Plan Hidrológico Nacional.

Prioridades

La intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la comisión constitucional del Congreso este mismo miércoles fue también elocuente. Esta cita, habitual en el inicio de la legislatura, sirve para marcar las preferencias del Ejecutivo. Habló de la reforma constitucional, que el PSOE sólo impulsará en el caso poco probable de un consenso mínimo; de la modificación de la ley electoral, que en la propia dirección del grupo parlamentario socialista se considera poco prioritaria y de una ley integral para la igualdad de trato y la discriminación.

Sólo un asunto resulta especialmente espinoso: la modificación de la ley de libertad religiosa. Por eso su anuncio causó sorpresa incluso en las filas socialistas, que habían dado por hecho que en estos cuatro años el Gobierno evitaría sobresaltos y propuestas tan rompedoras y polémicas como la del matrimonio gay o la ley de la memoria histórica.

En cualquier caso, tanto en la dirección del PSOE como en el Gobierno insisten en que, salvo en asuntos estrictamente necesarios (como Justicia), los proyectos de ley saldrán con cuentagotas de los ministerios hasta otoño. Entonces, el panorama puede cambiar.

Sobre todo, si los demás partidos, inmersos en sus crisis internas, resuelven su situación y están en disposición de ejercer sin sobresaltos como oposición o socios de gobierno.

En la mesa, Zapatero tiene algunos temas espinosos: el reto del 'lehendakari' Juan José Ibarretxe, al que recibirá el 20 de mayo; el reparto del agua, en el que ni los barones de su partido están de acuerdo y la negociación de una nueva financiación autonómica, en la que tampoco sirven de nada las afinidades ideológicas ni las siglas. Las presiones, en especial de Cataluña, no son menores.

Pero su intención es retrasar el debate y buscar antes un acuerdo entre los suyos. «Sólo se hará -avisó la vicepresidenta el viernes- si hay un consenso básico inicial» .

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