Juan Antonio Roca está procesado por los delitos continuados de cohecho, malversación, fraude, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, tenencia ilícita de armas, tráfico de influencias y prevaricación, y contra la ordenación del territorio.
En el auto de su ingreso en prisión, hace dos años, el juez cifraba el patrimonio del principal imputado en la operación Malaya en «miles de millones de pesetas», entre cuentas, fincas, caballos, cuadros y hasta toros de lidia.
El magistrado calificaba de contundentes los indicios de blanqueo, que basaba en el hecho de que Roca hubiese pasado en quince años de una «carencia de recursos» a su llegada a Marbella a una «riqueza desmedida».
En esos tres lustros, el imputado ejerció de asesor municipal de urbanismo y como gerente del departamento en el consistorio marbellí. Se convirtió en la sombra de Jesús Gil, en los años en que este dirigió el ayuntamiento, y alcanzó el control total de Planeamiento 2000, la entidad creada para gestionar el suelo del municipio.
Roca perdió el cargo con Julián Muñoz en la alcaldía, pero no tardó mucho en recuperarlo tras la moción de censura que dejó el poder local en manos de Marisol Yagüe.
No es la primera vez que el acusado tiene que pagar para abandonar una prisión. Ya en el 2002 compartió plaza en Alcalá Meco con Gil, por orden del juez Del Olmo, como imputado en el caso Saqueo. En aquella ocasión también le bastaron unos días para reunir 450.000 euros de fianza.