Después de ser acusada en el 2001 del asesinato de la joven de Mijas Rocío Wanninkhof y de ser condenada y pasar 17 meses en la cárcel, el Ministerio de Justicia ha reconocido que se cometió un error con la gallega Dolores Vázquez. Seis años han pasado desde su puesta en libertad y, ahora, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia propone que el daño ocasionado sea resarcido con el pago de 120.000 euros, muy lejos de los cuatro millones solicitados por Vázquez.
Aunque la resolución no es oficial, desde el despacho de abogados que llevó su defensa, confirmaron la llegada de una «nota por escrito firmada por un instructor del ministerio» en la que se comunica el reconocimiento.
La decisión de Justicia llega tan solo un mes más tarde de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordara que no se produjo un anormal funcionamiento de la Justicia en su detención, ingreso en prisión y posterior condena por un jurado. De todos modos, este informe negativo no es vinculante.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, le restó importancia al acuerdo del CGPJ, porque «quien tiene que pagar es el Ministerio de Justicia y no el Consejo General del Poder Judicial». En ese sentido, aseguró que «de acuerdo con la Constitución y la legislación específica de aplicación, que es la que evalúa los errores judiciales que se hayan producido, me parece muy bien la decisión, ya que si se ha cometido un error la administración tiene que pagarlo». Ahora, el Consejo de Estado es el que tiene que emitir un último dictamen, cuyo resultado tampoco vincula al Ministerio de Justicia, que tendrá la última decisión.
Encarcelada sin pruebas
Rocío Wanninkhof desapareció el 9 de octubre de 1999 en Mijas y su cuerpo fue encontrado el 2 de noviembre en un paraje de Marbella. Once meses después, la Guardia Civil detuvo a Vázquez, ex compañera sentimental de la madre de Rocío, pese a no existir ninguna prueba sólida. El jurado la declaró culpable de asesinato el 19 de septiembre del 2001 y, una semana después, fue condenada a 15 años y un día de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia el 1 de febrero del 2002 al considerar que no estaba debidamente motivada, y Vázquez fue puesta en libertad bajo fianza, decisión que ratificó el Tribunal Supremo.