Salvo catástrofe, el Gobierno tiene asegurada la aprobación definitiva de los Presupuestos en el Congreso en la votación prevista para dentro de diez días. Cuenta para ello con el apoyo del PNV, el BNG, la Chunta Aragonesista de Labordeta y de los dos tránsfugas, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, y Joaquín Calomarde, ex diputado del PP. Los mismos que ya votaron a favor el pasado 24 de octubre, cuando la Cámara baja dio luz verde a las cuentas públicas por 177 votos contra 168 y la abstención de dos diputados de Iniciativa per Catalunya.
Según lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento del Congreso, para levantar el veto se requiere mayoría absoluta, lo que supone 176 votos. Si no se alcanzara, el proyecto se sometería de nuevo a votación, transcurridos dos meses desde la interposición del veto, y entonces bastaría con la mayoría simple. En este caso sería imposible, dado que las Cortes se disolverán en enero como paso previo a la celebración de las elecciones generales.
Esto supone una dificultad añadida, ya que los socialistas solo tendrán una oportunidad y deberán asegurarse de que no haya ninguna ausencia en sus filas y de que los dos diputados de Los Verdes de su grupo, Francisco Garrido y Joan Oms, mantengan la disciplina de voto.
Un problema importante es que las cuentas públicas quedan descuadradas, ya que durante su paso por el Congreso se superó en 229,5 millones el techo de gasto no financiero. Esto tendrá consecuencias políticas, ya que el Gobierno no podrá cumplir algunos compromisos adquiridos con determinados grupos si quiere ajustar las cifras al límite establecido. Habrá que ver quién resulta perjudicado y qué criterio emplea el Ejecutivo.