Ni un poco de luz ni una sola pista sobre el paradero del empresario zaragozano Publio Cordón. El esperado interrogatorio en la Audiencia Nacional a Fernando Silva Sande, el máximo responsable de los comandos operativos de los Grapo y el terrorista que al parecer custodió a Cordón en 1995 durante su secuestro, no sirvió de nada.
Tampoco aclararon nada las preguntas al secretario general del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-r), Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas , y a la número dos del brazo político de los Grapo, Isabel Llaquet Baldellou. Los tres imputados aseguraron no haber participado en el secuestro, en el juicio que comenzó ayer en la Audiencia Nacional.
Silva Sande reniega
Silva Sande, que durante años fue el grapo más buscado, negó incluso haber pertenecido a la banda o haber dirigido su comando central. A pesar de haber sido expulsado de la organización terrorista, el histórico activista no quiso delatar a sus ex compañeros y, solo con monosílabos, exculpó al camarada Arenas y a Llaquet de haber ordenado el secuestro en una reunión celebrada en París en mayo o junio de 1995, para sanear la maltrecha economía del clandestino PCE-r.
El terrorista, que insistió en que no participó en el rapto del empresario de Previasa, dijo que las declaraciones policiales en las que se autoinculpó de la acción fueron para «descartar a otra gente» y encubrirlos. El presidente del tribunal insistió en varias ocasiones al acusado para que «precisara» sus respuestas, lo que ha provocó que el procesado se enfrentara al magistrado, que optó por expulsarle de la sala y suspender la vista durante unos minutos.
El líder del PCE-r, por su parte, se esmeró en desvincular a su partido de los Grapo. Aunque reconoció que existe «una relación» que nunca se ha ocultado entre la formación clandestina y la banda terrorista, señaló que esta última es autónoma. «Ni orgánica ni políticamente hemos intervenido nunca en las decisiones militares o políticas de los Grapo», explicó Manuel Pérez, que calificó a la banda de «grupo guerrillero».
El camarada Arenas dijo que conoce a los terroristas ya condenados por el secuestro (Enrique Cuadra, Concepción González y José Ortín) y, por supuesto, negó haberles ordenado la acción.
Tampoco admitió que parte de los 400 millones de pesetas que la familia Cordón pagó por el rescate terminaran en su poder.
«Nosotros recibimos dinero de personas anónimas, pero no miramos el color de ese dinero, somos como la Iglesia», se mofó, antes de ser expulsado por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, por hacer proclamas propagandísticas de su organización.
Su pareja sentimental y dirigente del PCE-r, Isabel Llaquet, negó de manera tajante haber participado nunca en una reunión con el grupo terrorista de los Grapo. «Ni yo ni ningún miembro del partido ha participado nunca en acciones armadas», recalcó.
Contacto con el Gobierno Aznar
Durante la sesión de ayer el grapo Enrique Cuadra Echaindía recordó que el Gobierno de Aznar mantuvo «varias reuniones» con él y otros dos miembros de la banda a fin de construir el «inicio de una negociación política». El terrorista aseguró que los encuentros entre los delegados del Gobierno y los miembros de la banda se produjeron en la cárcel de Sevilla en la que él cumplía condena, aunque en ningún momento precisó las fechas.