La operación Nova llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón en el año 2004 y que estos días sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional a una treintena de islamistas, puso de manifiesto, según se admite desde Instituciones Penitenciarias, que las cárceles españolas se estaban convirtiendo en un auténtico vivero de yihadistas.
De hecho, la práctica totalidad de los ahora acusados de intentar volar la Audiencia Nacional estaban en prisión por otras causas cuando fueron detenidos en las distintas fases de la operación Nova. La mayoría se localizaban en el penal salmantino de Topas y en las cárceles gallegas de A Lama y Teixeiro.
A partir de entonces, el rigor carcelario para este tipo de presos se ha extremado y las medidas contempladas por la legislación penitenciaria se han llevado hasta las últimas consecuencias.
El colectivo de internos por terrorismo islamista esta repartido en 25 prisiones y los rotan constantemente para que no arraiguen.
Hay juristas que consideran que la legislación que se les aplica encaja dentro de la conocida como derecho penal del enemigo.
Una de las prisiones emblemáticas para este colectivo de presos islamistas es la pontevedresa de A Lama. Allí esperaron el día del juicio Othman El Gnaoui, Hamid Ahmidam, el primo del Chino, y Almallah Dabbas la sentencia del 11-M que los condenó a un total de 64 años de cárcel efectivos: 40 para el primero y 12 para cada uno de los otros dos.