El sindicato califica el ataque de González como «amenaza» y «exabrupto»
01 feb 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Al Gobierno que dirige Esperanza Aguirre no le vale con intentar todo tipo de enfrentamientos con el Ejecutivo de la nación. Ahora se ha enzarzado en una dura polémica con el sindicato UGT, en particular con su secretario general de Madrid, José Ricardo Martínez, a quien ayer «inhabilitó» para cualquier tipo de negociación hasta que el líder sindical rectifique. La razón de esta decisión, anunciada ayer por el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, en la rueda de prensa tras el Consejos de Gobierno, es el balance de la gestión del equipo dirigido por Aguirre durante los tres últimos años realizado por Martínez el miércoles. Entre otras acusaciones, el responable de UGT afirmó que el Ejecutivo regional es «ilegítimo». Para González, el balance hecho por el secretario general es más propio de un «líder de la oposición con pretensiones políticas» que de un representante sindical. González calificó de «grave e inadmisible» las declaraciones de Martínez contra un «gobierno democrático, elegido en las urnas», y aseguró que sus declaraciones le «inhabilitan» como interlocutor de «un gobierno legitimo». Seguidismo «Mas le valdría al secretario general de UGT centrarse en los intereses de los trabajadores y no hacer seguidismo de la estrategia política del PSOE, que se caracteriza por la ausencia de programa, y estar instalado en el insulto y la descalificación», manifestó González, quien añadido que la Unión General de Trabajadores es «la segunda marca del PSOE». El número dos autonómico aprovechó la ocasión para preguntarle a Martínez por el millón de euros que su sindicato ha tenido que devolver «por no haber sido capaz de gestionarlos para la formación de los trabajadores» . Asimismo, González señaló que se están repitiendo los hechos de la campaña electoral del 2003, cuando Martínez transformó su papel sindical en el de «aspirante a político» y se convirtió en «líder de opinión». Por su parte, la secretaria de Política Institucional de UGT, Maru Menéndez, respondió que esta «amenaza» es un «exabrupto», porque el vicepresidente desconoce el artículo 7 de la Constitución. «A los sindicatos se les encomienda la defensa de los intereses económicos y sociales, y en ese marco se inscriben los servicios públicos como sanidad, educación, medioambiente o vivienda, y de todo esto UGT habló en el balance de gestión», según afirmó Menéndez.