Crónica política
29 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.Que el mes de abril se extinga no es garantía de que aminoren las celebraciones históricas ensalzando el régimen de la Segunda República proclamado popularmente en 1931. Es el 2006 un año muy especial: se han cumplido setenta y cinco años de la proclamación de la República -el 14 de abril-y se cumplirán setenta años del inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio. Tales coincidencias y un afán de revisión de la historia han llenado España de conferencias, congresos y coloquios. Ese clima y la proposición de ley aprobada el jueves en el Congreso reivindicando la Segunda República como «el primer régimen realmente democrático de España», han alarmado a algunos sectores políticos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha aclarado que «esta iniciativa -que declara además el 2006 como el año de la Memoria Histórica- no está condicionando el sistema de monarquía parlamentaria constitucional vigente, que es aceptado mayoritariamente por todos los ciudadanos». Es decir, que la monarquía no se cuestiona por reconocer la Segunda República. La monarquía, viene a decir el Gobierno, no debe inquietarse. De hecho, el presidente Zapatero, aunque no suele hablar de la monarquía, en una entrevista el pasado mes de febrero, sostenía que «la monarquía es una de las cosas más consolidadas, más sólidas y más útiles para la convivencia como país y para la proyección de España, de manera singular por la impronta que le ha dado el Rey». No hay motivo para la inquietud, por tanto, o no demasiada, podría interpretarse. De hecho no debería inquietarse demasiado nadie por el afán de revisar la historia porque no se ha detectado que exista un espíritu de revancha en la mayoría de las iniciativas que se conocen. Incluso la de mayor calado, la que propone la Asociación para la Memoria Histórica y Democrática, (Adesme), es presentada por sus promotores como un intento de «cerrar heridas y no de abrirlas». Atención a esta propuesta porque no consiste en una revisión nostálgica, o romántica, de tiempos pasados. Sostenida jurídicamente por un brillante trabajo del ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo , especialmente firme y riguroso, plantea una especie de enmienda a la totalidad al régimen franquista a partir de sus orígenes por haber vulnerado la legalidad vigente en 1936. Como ilustración especial, Villarejo destaca que el ponente que actuó en el consejo de guerra que condenó a pena de muerte a Julián Grimau , no tenía la condición jurídica imprescindible para esa función; denuncia que, además, actuó en otros dos mil consejos de guerra y advierte de que el mismo ponente terminó procesado. Recurso al Supremo Esta circunstancia fue la base de un recurso de la viuda de Grimau ante el Supremo, que fue desestimado pero que abre una vía nueva de actuación a miles de personas que perdieron familiares en la posguerra o que fueron expropiadas por tribunales formados por militares mezclados en numerosas ocasiones con falangistas y con algunos jueces o fiscales que, en opinión de Villarejo, «se avinieron a participar en aquella mescolanza sin rigor jurídico alguno». «Aquí no se está planteando abrir ninguna herida sino el derecho a que se cierren las existentes», señala a La Voz el ex diputado Miguel Núñez , presidente de Adesme. Núñez, militante del PCE durante la dictadura, pasó 18 años en la cárcel y recuerda que, cuando estaba detenido en Barcelona, donde fue gravemente torturado, dialogó con el lucense Antonio Carro Martínez , entonces alto cargo en la Dirección General de Seguridad. «Carro llevaba, en 1958, un libro sobre la Nueva Europa, y se planteaba ya entonces el futuro del régimen al que servía. Veinte años después, ambos éramos diputados y conversamos con frecuencia. De hecho es el único que me escribió al no ser reelegido y me decía que es una pena que personas como yo nos estuviéramos en el Parlamento». El AVE y Caixanova La disposición de Caixanova a adelantar la financiación del AVE entre Galicia y Oporto se ha hecho un hueco en las conversaciones políticas y económicas ocupadas básicamente por el imparable precio del crudo, su repercusión en la inflación, la tasa de paro que comienza a crecer y el riesgo de que Zapatero se decida a adelantar las elecciones como teme el PP antes de fin de año. «No hay antecedente de algo así en España ni en Portugal, aunque sí en Alemania -señala a La Voz Abel Caballero , ex ministro de Transportes- y representa el compromiso de las instituciones públicas, de ésta en particular, con el desarrollo del país. Y confirma la viabilidad del proyecto lo que, de hecho, es un respaldo al presidente Touriño en su negociaciones con Madrid y con Europa». La disposición de Caixanova ha sorprendido en Portugal, aunque los alcaldes del Eixo Atlántico, presididos por el alcalde Bugallo, lo han apoyado enseguida con entusiasmo. Al ex ministro Caballero le ha sorprendido menos -«aún tuvo más mérito Caixanova impulsando la Universidad de Vigo, o la Escuela Hogar, sin saber si se le retornaría su esfuerzo por la Administración»- y cree que la clave está en la aceptación de la propuesta por el Gobierno portugués ya que buena parte del coste del AVE Vigo-Oporto corresponde a su territorio.