La reunión de ayer en Presidencia de los tres partidos no supuso ningún avance significativo El anteproyecto tiene el beneplácito del CES, pero aún no lo ha tratado el Consejo de Gobierno
19 abr 2006 . Actualizado a las 07:00 h.?l Gobierno regional ha decidido congelar la tramitación de la futura Ley del Suelo hasta que llegue a un consenso con la oposición, según anunció ayer el vicepresidente primero autonómico, Ignacio González. Para que se llegara a esta situación fueron necesarias tres horas de reunión en la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol entre la presidenta, Esperanza Aguirre, y los portavoces del PSOE, Rafael Simancas, e IU, Fernando Marín. En función de lo que afirmaron los interlocutores tras la reunión, ésta apenas resultó fructífera, ya que cada uno se limitó a reafirmar sus propuestas. Pero el Gobierno regional ha ofrecido una mesa de diálogo para intentar llegar a un acuerdo, porque esta ley tiene «carácter de permanencia», según afirmó González. «Nuestro deseo es seguir hablando para conseguir el mayor acuerdo, y eso lo vamos a hacer en los próximos meses», añadió. Eso sí, el portavoz regional puntualizó que esto no significa que la Ley del Suelo no vaya a salir adelante, sino que se va a tratar de buscar un pacto con todas las partes afectadas. González no explicó que pasaría si finalmente no se logra el consenso, aunque aclaró: «No hay vocación de paralizar nada». Fue el secretario regional del PSM el que explicó que es la presidenta la que ahora tiene «dudas razonables» acerca de este anteproyecto de ley. «Está sopesando si lo retira, cosa que llevamos meses diciéndole, ya que consolida la especulación y encarece la vivienda», señaló Simancas. El portavoz socialista insistió: «Puede haber acuerdo si la presidenta rectifica realmente y no sólo nos convoca para hacerse la foto y colectivizar el lío». Asimismo, resaltó que no tiene ninguna lógica que el Gobierno madrileño intente sacar adelante una Ley del Suelo en estos momentos cuando el Ejecutivo de la nación ha anunciado una próxima normativa, que podría obligar a modificar la regional. Por su parte, el portavoz de IU subrayó que el actual anteproyecto de ley tiene en contra a todas las partes afectadas, como vecinos, arquitectos, sindicatos y agentes sociales, por lo que la presidenta no debería seguir adelante con ella. «Es impensable que sólo sea aprobada por la mayoría de un partido», afirmó Marín, quien añadió que sería un «grave error» no esperar a que sea promulgada la ley nacional. Este anteproyecto, que tiene su base en un informe elaborado por una comisión de expertos elegidos por el Gobierno regional, cuenta con el voto favorable del Consejo Económico y Social y se encuentra en espera para ser aprobado por el Ejecutivo autonómico. Después será enviado a la Asamblea para su tramitación parlamentaria. Se esperará al consenso para realizar estos dos últimos pasos.