Las declaraciones efectuadas el pasado martes por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, que equiparó el hecho de que un juez aprenda catalán si ejerce su profesión en Cataluña con que sepa bailar sevillanas si trabaja en Andalucía, generó ayer una agria polémica en todos los ámbitos, y se llegó incluso a pedir su dimisión. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, remitió ayer una carta al presidente del Tribunal Supremo en la que reclama una rectificación en sus manifestaciones. La carta de Maragall, sin ser beligerante, pide una rectificación por haber «ofendido» tanto a los catalanes como a los andaluces con esta comparación. Por su parte, Jueces para la Democracia solicitó su dimisión «por unas declaraciones totalmente intolerables e inadmisibles». En opinión de esta asociación, las palabras de Hernando comportan una nueva «intromisión inadmisible por parte del máximo representante del poder judicial en la función que corresponde al poder legislativo ostentada por los parlamentos catalán y español». También el consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, pidió su dimisión y calificó de «barbaridad» y «muy preocupante» que el presidente del Supremo y del poder judicial «demuestre que no conoce la Constitución ni el papel que ella reserva a las lenguas oficiales» del Estado. El consejero vinculó los comentarios a la «estrategia partidista» del PP en el debate sobre el Estatuto catalán, que es «incomprensible», porque «daña las instituciones».