De la Vega garantiza que los papeles se envían sin ningún tipo de manipulación o tachadura Encarga a Del Olmo que tome las medidas necesarias para preservar su confidencialidad
16 sep 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo de Ministros acordó ayer entregar al juez que investiga el 11-M la documentación clasificada de las fuerzas de Seguridad y del Centro Nacional de Inteligencia que solicitó. La petición de Juan del Olmo fue atendida por el carácter excepcional de la investigación y los «hechos gravísimos» que se van a juzgar. El Ejecutivo encomendó además al juez de la Audiencia Nacional que otorgue «el máximo grado de protección y reserva» a los documentos entregados. El presidente del Gobierno venció las últimas resistencias del ministro de Defensa a desclasificar los papeles secretos del 11-M, en especial los que obran en poder del CNI. José Bono no fue el único miembro del Ejecutivo reacio a entregar los documentos al juez, pero se mostró el más beligerante contra esa decisión adoptada por el Consejo de Ministros. Del Olmo solicitó al Ejecutivo antes del verano la entrega de la documentación en manos de las fuerzas de Seguridad y de los servicios de inteligencia de fecha posterior al 1 de enero del 2002 sobre las personas imputadas en el sumario por los atentados del 11-M y el suicidio el 3 de abril de siete presuntos autores de la matanza en la localidad madrileña de Leganés. La vicepresidenta primera aclaró, para evitar suspicacias, que «se han entregado todos» los que tenían las fuerzas de Seguridad en relación a los 109 imputados en el sumario, y cuatro del CNI. El resto de los informes en poder de este servicio de inteligencia no pueden entregarse porque hacerlo contravendría el artículo 5.1 de la ley del propio organismo, ya que aluden a «infraestructuras y fuentes internacionales» del centro. María Teresa Fernández de la Vega garantizó que los papeles se entregan sin ningún tipo de manipulación o tachadura. Son, dijo, «documentos literales». La portavoz explicó asimismo que tendrá que ser el juez quien decida qué medidas toma para preservar la confidencialidad de la documentación y que su contenido no sea público.