No hubo acuerdo y la situación comienza a hacerse delicada. Ayer, una vez más, la división entre conservadores y progresistas se hizo patente en el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Pero el ya habitual enfrentamiento, a diferencia de otras ocasiones, tuvo consecuencias: el bloqueo de la renovación del Supremo. Los magistrados del órgano de gobierno de los jueces se mostraron incapaces de pactar la elección de nuevos altos cargos, unos nombramientos que, tras la reciente y polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el Ejecutivo socialista, requiere de una mayoría reforzada de tres quintos, un respaldo que a la vista de las diferencias parece imposible alcanzar. Los nombramientos que se debían dilucidar eran los de los presidentes de las salas de lo Civil, Penal y Militar del Tribunal Supremo y el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los 20 magistrados llegaron a votar hasta cuatro veces -el máximo permitido- pero ninguno de los candidatos llegó a obtener los 13 votos necesarios para su designación. Antes de la reforma eran 11 votos, un listón que los conservadores hubieran alcanzado ayer. La minoría progresista, ahora con poder de veto efectivo, impidió que los candidatos avalados por la mayoría conservadora se impusieran. La pugna fue reñida en todos los casos, aunque los nombres propuestos por los progresistas siempre lograron menos apoyos. Tras el pleno, el enfrentamiento continuó. Los conservadores acusaron a la minoría de bloquear los nombramientos para lograr una cuota de afines mucho mayor a su peso real en el Consejo. Los progresistas, por su parte, se felicitaron por que la mayoría ya no pueda «pasar el rodillo».