El juez de la Audiencia Nacional Félix Degayón envió anoche a la cárcel de Soto del Real (Madrid) a Mikel Orbegozo y Sara Majarenas, los dos presuntos etarras detenidos el jueves pasado en Valencia, donde tenían previsto iniciar una sangrienta cadena de atentados. Degayón acusó a los terroristas de los delitos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas, depósito de sustancias explosivas, falsificación continuada de documentos oficiales y conspiración para cometer varios «delitos de terrorismo contra las personas». Los dos activistas, tal y como hicieron en los interrogatorios de la Policía en Madrid y Valencia, se negaron a contestar a una sola de las preguntas del magistrado. Sólo Majarenas, en castellano, le dijo al juez: «Sí, pertenezco a ETA». El magistrado, que señala en el auto que en ambos casos concurre el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y a alarma social, justifica el envío a prisión de los detenidos porque «se trata de delitos de extrema gravedad, que llevan aparejadas penas de prisión considerables, existiendo indicios de la participación en tales hechos». Armas y munición El instructor, que no desvela en su escrito de prisión ninguno de los objetivos de los dos terroristas recién llegados a Valencia, recuerda no obstante que a ambos les fueron incautadas sendas pistolas, 25 cartuchos de dinamita Titadyne, cables detonantes, detonadores y «diversos documentos presuntamente relacionados con objetivos a realizar, con mayor o menor nivel de elaboración según los casos». Fuentes de la Audiencia Nacional precisaron que la información más elaborada se refería a «miembros de las Fuerzas Armadas» residentes en la Comunidad Valenciana. De hecho, Majarenas y Orbegozo tenían en su poder en el momento de su arrestos 20 páginas de información sobre cerca de 400 objetivos, aunque los datos más precisos se referían a tres militares, entre ellos un teniente coronel médico, destinados al Hospital Militar de la capital. No obstante, los etarras habían desechado la posibilidad de atentar contra los miembros del Ejército porque los militares no trabajaban el fin de semana, cuando ellos pretendían cometer el asesinato, con motivo del referéndum de la Constitución Europea. Mandos de la lucha antiterrorista desvelaron la pasada semana que Txeroki, el jefe los comandos etarras, había dado instrucciones a Mikel Orbegozo y a Sara Majarenas para que empezaran su sangrienta campaña de atentados con el asesinato de un «uniformado». La cúpula de ETA había entregado a los dos terroristas de Valencia listados de matrículas de varios coches particulares de policías nacionales de la zona. Los dos pistoleros habían optado por el atentado más fácil aparentemente: colocar entre el sábado y el domingo la bomba-lapa incautada en la pensión en los bajos del vehículo de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la comisaría de Mislata, una localidad de 40.000 habitantes pegada a la capital valenciana.