El Gobierno aprobó ayer su polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los nombramientos de la cúpula judicial se hagan por mayoría de tres quintas partes del Consejo General del Poder Judicial. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se mostró «perpleja y ciertamente sorprendida» por la «radicalidad» con la que la mayoría conservadora del CGPJ ha criticado la que considera reforma «moderadísima». Hasta tal punto se han opuesto los magistrados de esa tendencia que contemplan la posibilidad de interponer un conflicto de constitucionalidad. En opinión de la portavoz gubernamental, la modificación de la ley «no supone el cambio de ninguna regla de actuación, ni siquiera de las reglas mínimas del juego, ni en lo que es composición del CGPJ, ni en lo que son los requisitos de los nombramientos». El Ejecutivo desoyó las quejas de los magistrados conservadores y el informe que emitió el miércoles el máximo órgano de gobierno de los jueces. Al cambiar el sistema de elección, impedirá que el CGPJ pueda nombrar en febrero a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de los tribunales superiores de justicia con los únicos votos de los vocales del consejo propuestos en la anterior legislatura por el PP. El Gobierno asegura que pretende con esta reforma reforzar la legitimación democrática del Poder Judicial. Se trata, según el Ejecutivo, de dar respuesta a a la preocupación que expresaron una amplia mayoría de los diputados en una proporsición no de ley, aprobada el pasado martes, en la que le instaba a tomar medidas para reafirmar la independencia del Poder Judicial. Conde-Pumpido El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abordó la polémica en Pontevedra, donde prounició una conferencia titulada El fiscal en la Constitución europea, según informa nuestra redacción en Pontevedra. «El sistema de mayoría reforzada ya está establecido para la elección de los titulares del Constitucional», recordó. En su opinión, extender esa forma de elección «solamente puede ser positivo, en el sentido de que favorece el consenso y, por tanto, favorece un mayor equilibrio en el Poder Judicial».