Los magistrados progresistas se oponen al borrador de informe y anuncian un voto particular La mayoría conservadora considera que el proyecto del Gobierno es inconstitucional
11 oct 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consumó ayer la apertura de un nuevo frente contra las iniciativas legislativas del Gobierno. Tras el rechazo al proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer, la Comisión de Estudios del CGPJ aprobó el informe contrario al nuevo sistema de nombramiento de los jueces propuesto por el Gobierno. La mayoría del sector conservador, que en la comisión de estudios es de tres a dos, se impuso con ese resultado. La intención del Gobierno es elevar la mayoría necesaria para la elección de magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de Justicia de manera que la mayoría simple actual pase a ser de tres quintos. El informe considera que la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional y que la fórmula que se plantea es «disfuncional y superflua». Como ya ocurriera con la ley de violencia contra la mujer, el CGPJ se dividió en dos. Los vocales progresistas anunciaron la presentación de un voto particular en el pleno extraordinario que se celebrará mañana para debatir y votar el informe. Dado que el sector conservador tiene también mayoría en el pleno es previsible que el informe quede aprobado en los mismos términos con los que ayer consiguió el visto bueno. En caso de salir adelante, el nuevo sistema de elección propuesto por el Gobierno desactivaría la mayoría que tiene en la actualidad el sector conservador, compuesto por jueces nombrados a propuesta del PP y de la Asociación Profesional de la Magistatura (APM), que dispone de 11 de los 21 jueces. Intempestiva intromisión La respuesta de este sector contenida en el borrador de informe aprobado ayer es que esa medida puede convertirse en «una intempestiva intromisión» en las funciones del CGPJ. El texto afirma también que con la reforma se estaría «trastornando el equilibrio de fuerzas que el Parlamento imprimió al actual Consejo en el momento de su constitución». Advierte además de que la fórmula propuesta puede favorecer las «minorías de bloqueo» y puede dejar al propio consejo «a merced de luchas estrictamente sectarias o partidista». Por ello, el informe estima que la iniciativa cuestiona la legitimidad del propio Poder Judicial, «pues un órgano constitucional sobre el que se arroja la sombra de la duda, la insidiosa sospecha de que lejos de cumplir su prístina función constitucional, se ha convertido en uno de sus principales obstáculos, es un órgano herido de muerte».