El jefe del Ejecutivo asegura que la reforma sólo pretende «revitalizar la democracia» La elección de los jueces será por una mayoría cualificada de tres quintos en lugar de simple
29 sep 2004 . Actualizado a las 07:00 h.?Puro interés partidista». Eso es lo que, según Mariano Rajoy, subyace tras el anteproyecto de reforma legal aprobado el pasado viernes por el Gobierno para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda designar a los magistrados del Tribunal Supremo y a los presidentes de los tribunales superiores con los únicos votos de los vocales de la mayoría, en la actualidad los propuestos por el PP. El líder de la oposición acusó a Zapatero durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de incumplir su programa electoral en cuestiones como el nombramiento por votación parlamentaria del director general de RTVE o la agencia Efe e «inventar» en cambio propuestas que nunca contó que haría. El jefe del Ejecutivo argumentó que esta última iniciativa forma parte de las propuestas del Gobierno para «revitalizar la democracia»; lo que sí fue uno de los principales compromisos electorales del PSOE en las generales de marzo. Recordó, además, a Rajoy que el PP fue el único partido que no se sumó a esta propuesta cuando se votó hace algo más de una semana en la cámara baja. El CGPJ es la única alta institución del Estado que no cambió su equilibrio interno tras los pasados comicios. De momento, y hasta que concluya el mandato de cinco años de sus vocales, seguirá conformado por una mayoría afín al PP. Por eso mismo, la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la elección de miembros del Supremo y de los tribunales superiores no se haga por mayoría simple, sino por mayoría cualificada de tres quintos, causó malestar en las filas del PP. Rajoy aseguró que esta forma de proceder demuestra que el Ejecutivo estará dispuesto a «cambiar las reglas del juego» cuando no resulten favorables a sus propios intereses y sentenció que supone una «bofetada descomunal a eso que algunos llamaban talante». Prórroga La comisión de estudios del CGPJ, entretanto, pidió al Gobierno una prórroga de quince días para analizar el anteproyecto. El Ejecutivo concedió un plazo inicial de dos semanas que podría ampliarse a un mes si se atiende a la petición de la comisión del órgano de gobierno de los jueces.