El intento de suicidio de una de las jóvenes dio pie a la investigación Los raptores pegaban a las mujeres, dos menores de edad, para conseguir el dinero
09 ago 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El intento de suicidio de una joven rumana mediante la ingesta masiva de lejía y su posterior denuncia ha permitido a la policía nacional la desarticulación de una red de explotación sexual que operaba en Denia (Alicante) y Valencia, y liberar a ocho mujeres, dos de las cuales son menores de edad. Según informaron ayer fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, las mujeres, una de las cuales tenía 15 años y otra no alcanzaba la mayoría de edad, recibían palizas de sus raptores mediante latigazos con un cable, puñetazos y patadas, y eran amenazadas de muerte, como también sus familias en Rumanía. Esta crueldad tenía como objetivo la entrega del dinero obtenido por las mujeres en la prostitución, el cual era remitido todas las semanas a Rumanía y con destino a los organizadores de este grupo, seis de los cuales ya fueron detenidos en la citada localidad alicantina. La operación policial, denominada Sancho Panza, se inició a raíz del intento de suicidio de una joven rumana mediante la ingesta masiva de lejía, lo que hizo sospechar a los agentes de que detrás de este hecho podría existir un entramado delictivo dedicado a la «captación bajo engaño de un trabajo digno» de jóvenes rumanas en su país que eran luego obligadas a prostituirse en España. Encerradas en pisos Este grupo organizado, cuyos integrantes son de nacionalidad rumana, disponía de varios pisos, algunos de ellos localizados en la provincia de Valencia, donde encerraban a las mujeres nada más llegar a España y sólo las dejaban salir por la noche para ser transportadas a locales de alterne. Tras varios días de investigación observando el comportamiento de los sospechosos, la policía pudo saber que los integrantes de la red trasladaban a las chicas hasta locales de alterne de Denia donde dormían y ejercían la prostitución, siempre bajo la vigilancia de otras mujeres que desarrollaban labores de «control y de cobro» del dinero obtenido por las recién llegadas. Para evitar que estas controladoras y las nuevas mujeres entablaran amistad, el grupo ahora desarticulado cambiaba a las jóvenes de locales. Tras ser liberadas, las ocho jóvenes declararon su deseo de retornar a su país y denunciaron que la edad de sus pasaportes fue modificada. En este grupo cada integrante tenía un trabajo específico, pues había personas dedicadas al transporte de las mujeres, otras a la falsificación de los pasaportes, al control de las actividades y cobro del dinero obtenido, y a propinar palizas y amenazas. La policía destacó la «rápida reorganización» del grupo, ya que una red similar ya fue desarticulada en Denia en octubre del pasado año.