Los temas que provocan más reclamaciones están relacionados con asuntos de inmigración CC.?OO. y UGT quieren debatir con Enrique Múgica sobre los asuntos más problemáticos
16 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.?adrid es la comunidad autónoma que mayor número de quejas acumula ante la Oficina del Defensor del Pueblo. El 33,25% de las reclamaciones formuladas ante esta institución provienen de la comunidad madrileña. Según informaron ayer CC.???OO. y UGT, de las 16.823 quejas que ha recibido el Defensor del Pueblo a nivel nacional, 5.594 procedían de la Comunidad de Madrid, y de las 12.293 reclamaciones individuales formuladas en toda España, en esta región se generaron 4.195. En relación a las protestas formuladas por los ciudadanos ante la Administración autonómica, Madrid ostenta el 40% del total de las presentadas, con 248 de las 618 que se recibieron. Los temas que provocan más quejas ante el Defensor del Pueblo son los relacionados con asuntos de inmigración, que representan un 23,6% del total. Los problemas del sistema sanitario y la política social conforman un 18% y los casos derivados de deficiencias económicas ocupan un 14,5% de las quejas. Ante tales cifras, los sindicatos mencionados solicitaron ayer una entrevista con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para intercambiar propuestas que vayan encaminadas a la mejora de los temas que más preocupan a los madrileños, como son la sanidad, la inmigración o los derechos económicos y laborales. Además, los sindicatos buscarán establecer cauces de colaboración permanente con esta institución. Por su parte, Enrique Múgica se refirió ayer a la necesidad que tiene la Oficina del Defensor del Pueblo de poder recabar información directamente de aquellas empresas privadas que prestan un servicio público (luz, teléfono, agua...) cuando se reciben quejas de los ciudadanos contra las mismas. Muchas de estas empresas son sociedades que eran públicas y ahora se han privatizado, pero siguen prestando un servicio público al ciudadano. Múgica señaló que no importa la titularidad de las compañías, sino el servicio público que éstas prestan y cómo lo desarrollan. Así, consideró que habría que cambiar la norma legal para que, en los casos expuestos, el afectado pueda abrir una investigación de oficio y recabar directamente de las empresas la información que se precise. Eso eliminaría el paso de tener que dirigirse a los organismos o ministerios a los que competen estas áreas.