Izquierda Unida y los nacionalistas critican la decisión y tachan de incoherentes a los socialistas Una asociación del instituto armado y el Sindicato Unificado de Policía hablan de «involucionismo»
30 abr 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La decisión del Gobierno de nombrar a un general para dirigir la Guardia Civil, algo que no sucedía desde hace 18 años, ha generado una fuerte contestación no sólo política, sino también entre los mandos y miembros del instituto armado. Una vez más, el ministro de Defensa, José Bono, parece estar detrás de la polémica medida del Gobierno, ya que diversas fuentes aseguran que fue él quien presionó para que este nombramiento se llevara a cabo a pesar de ser competencia de Interior. La inesperada decisión del Ejecutivo supone cortar de raíz el debate sobre la futura desmilitarización de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tachó ayer de «tremendo error político» nombrar a un militar como director general del instituto armado y aseguró que la medida «ha causado entre los guardias civiles una extendida sensación de desconcierto y preocupación». «Tras dieciocho años de ocupar un civil la dirección general nos parece una involución que, de nuevo, sean militares los que dirijan la Guardia Civil», afirman. «Casposo» El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también cuestionó el nombramiento, que calificó de «casposo e involucionista». «La designación de un militar nos trae a la memoria los días de anteriores gobiernos socialistas en los que se encerraba a guardias en la cárcel y en el cuerpo existían los malos tratos», indicó José Manuel Sánchez Fornet, líder del SUP. Entre los aliados del Gobierno la decisión tampoco fue bien acogida. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, la tachó de «inadecuada» y achacó la decisión a Bono. «Nos gusta la música de este Gobierno, pero en el coro hay alguien que desafina», dijo Joan Herrera, portavoz de IU-ICV. CiU consideró «extraña» la designación y aseguró que comparte la idea de desmilitarizar la Guardia Civil, lo mismo que ERC, el PNV y el BNG, que aseguraron que la designación choca con las promesas realizadas por los socialistas.