El tribunal pospone su fallo sobre la impugnación del Gobierno y se reúne hoy para proseguir su deliberación El PSOE intenta paralizar la reforma gubernamental del Código Penal
02 dic 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Los doce magistrados del Tribunal Constitucional seguirán hoy con la deliberación para decidir si admiten o no a trámite la impugnación del Gobierno central contra el plan Ibarretxe. Reunidos ayer en pleno, comenzaron a discutir la propuesta realizada por el ponente del caso, Guillermo Jiménez, sin llegar a conclusión alguna sobre si los dos actos recusados por el Ejecutivo deber ser tomados en consideración. La admisión a trámite de una o las dos impugnaciones, si es que se produce, supondrá la paralización inmediata de la tramitación en el Parlamento vasco de la reforma del Estatuto de Guernica durante un mínimo de cinco meses, plazo que podría prorrogarse si la sentencia del tribunal se retrasa. Los juristas, que desde hace más de una semana disponen de copia del recurso y los actos impugnados (la aprobación del plan por el Gobierno vasco y la decisión de tramitarlo de la Cámara autonómica), conocieron ayer el informe que ha preparado el ponente. Fuentes jurídicas apuntaban que la propuesta de Jiménez da argumentos favorables para admitir al menos una de las impugnaciones. El pleno, una vez que un asunto entra para deliberación, no abandona la discusión hasta que obtiene un fallo por mayoría. El debate sobre si las impugnaciones deben ser admitidas a trámite, que se aborda argumento jurídico por argumento, puede continuar hoy y el jueves próximo, e incluso posponerse aún más. El último pleno del 2003 está programado para el 18 de diciembre. Fuentes jurídicas indicaron que es poco probable que la decisión se produzca esta semana, aunque la previsión es que se dé a conocer antes de Navidad. Fuentes jurídicas apuntaron que, aunque por el momento ningún magistrado tiene cerrada una opinión final, la impugnación que más posibilidades tiene de prosperar es la que duda de la legalidad del acto de toma en consideración y tramitación de la iniciativa del Gobierno vasco por parte de la mesa de la Cámara autonómica. Más dudas existen sobre la posibilidad de impugnar el acuerdo de Gobierno vasco que aprobó el proyecto Ibarretxe. Ofensiva en el Senado Por otra parte, el PSOE no sólo se desmarcó por primera vez de unas medidas gubernamentales contra el plan, sino que encabeza la ofensiva en el Senado para impedir la reforma del Código Penal que castiga la convocatoria de consultas populares por alguien distinto al Rey con penas de tres a cinco años de cárcel. Los socialistas presentaron un escrito ante la mesa del Senado para que no admita las enmiendas del PP que pretenden modificar la legislación para imponer castigos de prisión al lendakari si, como planea, convoca el referéndum sobre la reforma del Estatuto, y para Atutxa por proporcionar fondos públicos a SA.