Rouco juzga «inadmisible» alterar el ordenamiento de forma unilateral El cardenal utilizó como argumento la instrucción pastoral contra el terrorismo
17 nov 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Los obispos condenaron ayer el plan de Ibarretxe. En la inauguración de la 81 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, el titular del Episcopado, el cardenal Antonio María Rouco, deploró los «graves cuestionamientos» de la Constitución que se están haciendo estos días, precisamente cuando se cumple su 25 aniversario. El máximo representante de la jerarquía católica invocó la instrucción pastoral aprobada hace ahora un año contra el terrorismo, documento en el que se desautorizaban las aspiraciones independentistas del nacionalismo vasco. «Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria», proclamó el arzobispo de Madrid. En su palabras a los prelados, insistió en que «la Constitución es hoy el marco jurídico ineludible de referencia para la convivencia», al tiempo que subrayó que el terrorismo de ETA tiene su origen «en el nacionalismo totalitario». Ausencia de Setién En el aula donde se celebró el encuentro se hallaban los obispos de Bilbao, Ricardo Blázquez; de Vitoria, Miguel José Asurmendi; y de San Sebastián, Juan María Uriarte. No estaba el ex titular de la diócesis donostiarra José María Setién. El documento al que ha recurrido Rouco para denostar el plan Ibarretxe fue votado por amplia mayoría, aunque contó con 8 votos en contra y cinco abstenciones, procedentes, especialmente, de prelados del País Vasco y Cataluña. Quizá porque el texto abrió algunas heridas en el Episcopado, Rouco no quiso abundar en más citas de la instrucción pastoral, que sostenía, en uno de sus párrafos más duros, que era «imprudente e inaceptable moralmente» negar la soberanía de España. El cardenal recordó que en estos 25 años de Constitución la postura de la Conferencia Episcopal se ha guiado siempre por el servicio a la reconciliación y a la paz entre los españoles, en defensa de la dignidad de la persona humana y de sus derechos fundamentales y en beneficio de los más pobres y desfavorecidos, de la solidaridad y la unidad entre todos. Postura que no impidió momentos de tensión con el Ejecutivo del PP, una tirantez que ha ido limándose desde aquel documento contra el terrorismo y la desaparición de la vida pública de figuras como la de monseñor Setién. El ministro de Justicia insistió ayer en que la intención del Ejecutivo no es abortar ningún debate, como reprocha el PNV, sino exigir «respeto a las reglas de la democracia y los procedimientos». Pero, para Michavila, el trasfondo real del proyecto es «quebrar la Constitución y el Estatuto de Guernica».