El PP pretende hacerla sin tocar la Constitución y Rajoy ya la ha retirado de su programa electoral; mientras tanto, el PSOE sí está dispuesto a llevarla a cabo
02 oct 2003 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma del Senado es la asignatura pendiente de nuestra democracia. Todos los partidos se han declarado partidarios de hacerla, pero nunca se han puesto de acuerdo para acometer una tarea siempre postergada, más allá de la modificación de su reglamento en 1994. Así, han dejado languidecer esta institución convertida en una Cámara de segunda prácticamente inútil. La reforma, calificada como una «necesidad» por su presidente, Juan José Lucas, parece, hoy más que nunca, una quimera. El PP rechaza de plano cambiar la Constitución para transformarla en la cámara de representación territorial que debería ser según su artículo 69.1. Cree que mediante meros retoques reglamentarios y cambios en los usos parlamentarios se puede rellenar de contenido esa función constitucional, que nunca ha cumplido la Cámara alta. Algo que hasta el momento no ha dado resultado. Mariano Rajoy no quiere ni siquiera hablar del asunto, porque eso sería «inventar problemas que no existen». Para el nuevo líder popular y candidato a la presidencia del Gobierno, las «reformas en la estructura del Estado» no son una «necesidad sentida por la gente». Por ello, ha decidido excluir este asunto del programa electoral que presentará su partido a las elecciones generales de marzo, que se centrará en el «bienestar de los ciudadanos». Prioridad, Ibarretxe Rajoy, al igual que Aznar, considera que lo primordial es derrotar el plan soberanista de Ibarretxe. Ambos estiman que abrir la espita de una modificación de la Constitución a cuenta del Senado sería dar argumentos a quienes quieren cambiarla o sobrepasarla con otros fines. En el marco de su nuevo modelo territorial aprobado en Santillana del Mar, los socialistas optan por reformar la Carta Magna para que el Senado sea una verdadera cámara de representación territorial, donde estén las comunidades autónomas y los presidentes puedan dialogar y debatir con el Gobierno. En ese sentido, proponen una conferencia anual de presidentes autonómicos. Ya en 1994, con González como presidente del Gobierno, y en 1997, con Aznar, se celebraron sendos debates sobre el estado de las autonomías, en los que estuvieron presentes todos ellos, excepto el lendakari Ardanza. Desde entonces, el jefe del Ejecutivo se ha negado a organizar nuevos encuentros en la cumbre. Por su parte, Izquierda Unida es favorable a cambiar la Constitución para hacer del Senado una cámara federal. De esta forma, considera Gaspar Llamazares, dejaría de ser el «cementerio de elefantes» que utiliza el PP «para meter cuchilladas por la espalda al Congreso». La triste conclusión es que el inmovilismo está matando al Senado.