Asegura que el acuerdo se ha cumplido en más de un 80 por ciento Caldera acusa al Gobierno de vaciar las fiscalías para favorecer la corrupción
20 sep 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, aseguró ayer que no es necesario convocar la comisión de seguimiento del Pacto por la Justicia y retó al PSOE a aclarar dónde se ha incumplido el mismo, después de que los socialistas dieran un ultimátum de días al Gobierno para convocar una reunión y estudiar la eficacia del acuerdo. Pero el ministro recalcó ayer su «firme voluntad» de mantener el Pacto, a la vista de lo que considera, unos «excelentes» resultados: «de los 23 principios que recoge el acuerdo se han cumplido más de un 80 por ciento», afirmó. Hecha la defensa del Acuerdo, Zaplana se enfrentó al ultimátum de los socialistas y arremetió contra la actitud de su líder, Rodríguez Zapatero, que a su parecer: «intenta introducir de nuevo un elemento de tensión en el debate político y desviar la atención de otros asuntos», dijo. El ministro de Justicia todavía tuvo palabras más duras para el principal partido de la oposición y se preguntó irónicamente: «¿Qué va a ser lo siguiente? Sería bueno que se dieran cuenta de que de sus problemas no se sale creando otros problemas nuevos, y de que por tanto si deciden abandonar el pacto será únicamente su responsabilidad» Advertencia socialista El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, avisó ayer en Salamanca de que su partido sólo seguirá en el Pacto por la Justicia «si el Partido Popular rectifica y cumple sus compromisos», que, según sus palabras, tienen que ver con el aumento de las plazas judiciales y fiscales, el mantenimiento de la Fiscalía Anticorrupción y la reforma de algunas normas que el Partido Popular ha modificado «en sentido reaccionario». Caldera consideró que esas medidas benefician «a los grandes delincuentes», por lo que, en consecuencia, el partido popular ha conseguido que «la corrupción campe a sus anchas, despenalizado y vaciado de competencias a las fiscalías para afrontar los delitos urbanísticos y endureciendo el Código Penal para delitos de pequeña cuantía». Y concluyó que la situación «no es razonable» y hay que modificarla.