La orden encontró el respaldo unánime en el Congreso BNG e IU censuran a Michavila la «poca elegancia» de querer tutelar la labor de los grupos parlamentarios
30 jul 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El pleno del Congreso aprobó ayer, en una sesión extraordinaria, la orden de protección para las mujeres maltratadas, una figura jurídica que pretende agilizar la puesta en marcha de medidas de atención a las víctimas de la violencia. Con esta medida se aspira a mantener conectados a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, de suerte que la mujer maltratada puede formular su denuncia ante una especie de «ventanilla única». Aprobada por unanimidad, por 272 votos a favor y ninguno en contra, la iniciativa ya puede entrar en vigor, aunque algunas de las medidas destinadas a proteger a las mujeres no se pondrán en funcionamiento hasta que se apruebe la reforma del Código Penal y de la prisión provisional. Según dijo el ministro de Justicia, José María Michavila, por ahora no es posible retirar la patria potestad a un maltratador automáticamente de forma asociada a la pena. Tampoco se puede quitar el permiso de armas a una persona que inflige agresiones a su cónyuge o el ingreso en prisión por quebrantamiento de la orden de alejamiento dictada por un juez, lo cual podrá realizarse en cuanto se modifique el código. Durante la sesión, PP y los grupos de la oposición se acusaron mutuamente de retrasar la aprobación de la orden, que se podría haber votado en junio. Al margen de estas diferencias, los diputados no prestaron demasiada atención al debate, hasta el punto de que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, pidió media docena de veces que cesaran las conversaciones para poder escuchar al orador. Según la representante del PP, María Jesús Sáinz, el Gobierno actuó de forma diligente, mientras que los portavoces de los distintos grupos lamentaron que, a pesar del consenso, el tramo final de los trabajos parlamentarios se haya visto empañado por el intento de algunos partidos de sacar provecho electoral al problema. En este sentido, Izquierda Unida y el BNG censuraron al ministro por su maneras «poco elegantes» de querer tutelar la labor de los grupos parlamentarios.