Le pide que anule la disolución del grupo parlamentario en Vitoria Los aberzales advierten de que si el Supremo actúa se producirá una reacción ciudadana.
13 jun 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Batasuna presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al que reclama que anule los autos del Tribunal Supremo que, dentro del proceso de ejecución de la sentencia de ilegalización del partido político, han ordenado la disolución del grupo Socialistas Abertzales (SA) en el Parlamento vasco, por creer que no pueden considerarse una consecuencia de la sentencia. El anuncio de estas medidas causó una dura reacción del Gobierno Vasco y del nacionalismo, que no ven en la intención del Supremo más que el interés del Gobierno de José María Aznar para doblegar a las instituciones vascas. El abogado Iñigo Iruin, en el recurso de amparo, considera que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo tras la sentencia del 27 de marzo vulneran el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en la Constitución. Los autos recurridos son el que declaró disueltos el 24 de abril en todas las instituciones los grupos de Batasuna, EH y HB; el que disolvió el 20 de mayo de forma explícita el grupo SA (compuesto por los parlamentarios vascos elegidos en las listas de Batasuna), y el que ese mismo día de mayo rechazó el recurso de Batasuna contra el primer auto. En su opinión, estas disposiciones del Supremo ignoran dos hechos que las hacen nulas de pleno derecho. Por un lado, la Ley de Partidos Políticos, norma que sirvió para ilegalizar Batasuna, no dispone extensión alguna de esta medida a los grupos parlamentarios, ni los cita en momento alguno del texto. Por otro, la sentencia de 27 de marzo, de ilegalización del partido aberzale, no establece en momento alguno que la suspensión total de actividades de la formación política afecte a los grupos en las instituciones. De la misma manera, el recurso cita al propio Constitucional y la sentencia que anuló 225 candidaturas herederas de Batasuna, donde establece que los efectos de la disolución de un partido ilegalizado eran exclusivamente los establecidos en la Ley de Partidos, que no dice nada sobre los grupos en las instituciones. La ley sólo contempla que la ilegalización conlleva «el cese inmediato de toda actividad del partido político disuelto y la apertura de un proceso de liquidación de su patrimonio». El incumplimiento de lo dispuesto en estos autos por parte del Parlamento vasco motivó que el Supremo instase a la Fiscalía del Estado a iniciar acciones penales contra los responsables de la cámara vasca. Fuentes de la Fiscalía indicaron que el fiscal general no revisará el escrito del Supremo hasta el lunes. El Ministerio Público podría presentar una querella penal contra el presidente del Parlamento vasco y los miembros de la Mesa de la cámara ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El miércoles, la Sala Especial del Supremo se reunirá para dictar medidas que hagan imposible que SA funcione como grupo, aunque la cámara vasca no ejecutase los autos.