La querella, advierte, podría conllevar incluso la inhabilitación Los servicios jurídicos del Parlamento vasco afirman que el fallo del TS es «inaplicable».
23 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno amenazó al presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, con acciones legales si persiste en su negativa a disolver Sozialista Abertzaleak (SA). El Ejecutivo considera «indiscutible» que incurre en «un delito de desobediencia» al incumplir la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la inmediata liquidación del grupo aberzale. Mariano Rajoy sostuvo que Atutxa ha adoptado una «actitud delictiva» con la que ha situado a la Cámara autonómica «fuera de la ley». El vicepresidente afirmó, tras el Consejo de Ministros celebrado ayer, que esta actitud es de «una gravedad enorme sin precedente alguno». Así, el Gobierno está resuelto a tomar todas las medidas necesarias para que se cumpla el auto. Fuentes de La Moncloa advirtieron que se estudia la querella contra Atutxa y los miembros de la Mesa del Parlamento que secunden su postura para conseguir su inhabilitación para un cargo público. Rajoy confirmó esta posición al advertir de que el presidente de la Cámara comete «un delito de desobediencia que podría perseguirse por vía penal». El Ejecutivo de Aznar rechaza el argumento de la necesidad de una reforma del reglamento -esgrimido por Atutxa y el PNV- para proceder a la disolución de Sozialista Abertzaleak porque «es otra argucia de las muchas que ha puesto sobre el tapete». El veterano peneuvista invocó la imposibilidad de liquidar un grupo parlamentario porque el reglamento interno no prevé esa contingencia. En todo caso, la mesa rectora se reunirá el próximo martes para decidir los pasos a tomar. Rajoy se preguntó cómo pretende Atutxa presidir un foro legislativo si él incumple una sentencia. Debe corregir su decisión, dijo, y después, «si quiere dimitir, que lo haga». Fuentes de los servicios jurídicos del Parlamento vasco apuntaron ayer que sólo un cambio del reglamento permitiría la disolución. No obstante, precisaron que el fallo sería «inaplicable» si, finalmente, la revisión se debatiera en pleno y no saliera adelante. En tal sentido, recordaron que las normas que rigen el Parlamento no contemplan qué instancia procederá a la suspensión: ni la mesa ni su presidente tendrían competencias para ello. A su juicio, la modificación del texto sería la única vía para cumplir el auto, como ya se hizo en Navarra o en el Ayuntamiento de Vitoria, pero precisaría de la mayoría absoluta (38 votos, que no suman PP y PSE-EE). «Callejón sin salida» Las mismas fuentes explicaron que, al ser el voto secreto, la fiscalía tampoco podría actuar «por desobediencia» contra ningún parlamentario, con lo cual se llegaría «a un callejón sin salida», con una sentencia no ejecutable. Los servicios jurídicos, además, mantienen que la doctrina jurídica deja claro que los grupos parlamentarios son independientes de los partidos políticos.