El Consejo de Ministros aprobó ayer, a menos de 48 horas de que se abran los colegios electorales, la nueva reforma de la Ley de Extranjería, que convierte a las compañías aéreas en principales actores en la lucha contra la inmigración clandestina. Según se especifica en el proyecto presentado ayer por el ministro de Interior, Ángel Acebes, las empresas de transporte tendrán la obligación de informar a las autoridades españolas de las personas que vayan a viajar a España antes de la partida desde su país de origen. Pero además, estas compañías estarán obligadas también a informar de aquellos pasajeros que no abandonen el territorio español en la fecha prevista en su billete de vuelta. Por último las empresas deberán hacerse cargo de aquellos viajeros que, encontrándose en tránsito, no hubieran sido aceptados en el país de destino. La norma prevé fuertes multas, de hasta 500.000 euros, a las firmas que no colaboren en este aspecto. Acebes justificó estas funciones cuasipoliciales encargadas a las compañías en el hecho de que «los accesos con apariencia de legalidad» constituyen «el problema más acuciante» en lo que a la inmigración ilegítima se refiere. La ley establece también que el visado para viajar a España será considerado como un permiso de trabajo y de residencia.