Los jueces deberán dictar medidas cautelares en un plazo de 24 horas y como máximo de 72 -El Congreso aprobará el miércoles por unanimidad una proposición de ley
21 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Los jueces tendrán como máximo 24 horas, y en casos excepcionales 72, para activar todos los mecanismos de protección a una mujer que haya denunciado malos tratos. Ayer, el ministro de Justicia, José María Michavila, y representantes de todos los grupos parlamentarios acordaron que el próximo miércoles se registre en el Congreso una proposición de ley suscrita por todos los grupos que regulará todas las medidas de protección necesarias para las víctimas de violencia doméstica. Si todo va bien, podrá estar en vigor en junio. A través de una ventanilla única se activarán, de forma inmediata, todas las medidas cautelares necesarias. El juez deberá decidir sobre la prohibición de aproximación y residencia del agresor y tendrá que comunicárselo, y en el ámbito civil deberá resolver la atribución a la víctima de la vivienda familiar y la custodia de los hijos, así como la suspensión del régimen de visitas y el establecimiento de un régimen provisional de prestación de alimentos y otro de estancia. En el ámbito económico, las víctimas con escasos recursos podrán acceder desde el primer momento a la Renta Activa de Inserción. Para ello, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, se ha comprometido a aprobar en junio un Real Decreto de modificación de la Renta Activa de Inserción que permita el acceso inmediato a esta ayuda económica. Entre las novedades que presenta la proposición de Ley destaca, entre otras, que las medidas de protección podrán hacerse extensibles no sólo a la mujer víctima de los malos tratos, sino también a hijos, pupilos, ascendientes o incapaces con los que conviva el agresor o que estén bajo su tutela. Además, la orden podrá ser dictada de oficio, es decir, a petición de la víctima o bien podrá ser solicitada por personas relacionadas con ella o el Fiscal. Todos los grupos parlamentarios mostraron su satisfacción por el consenso logrado y esperan que la iniciativa sea «un estímulo para denunciar agresiones».