Instituciones Penitenciarias juzga la decisión como «operativa», pero el Gobierno vasco ve razones políticas Partidario de la reinserción, los cambios previstos lo colocaban en mala posición
09 ene 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Instituciones Penitenciarias ordenó ayer la destitución inmediata de Pablo Martínez, subdirector de tratamiento de la cárcel alavesa de Nanclares de Oca. Este responsable de Prisiones (ocupaba un puesto clave en la política de reinserción de reclusos) es el alto funcionario de Interior que el pasado agosto informó a favor de la polémica excarcelación del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga, ordenada por la jueza de vigilancia penitenciaria Ruth Alonso. Desde el ministerio de Ángel Acebes se insistió en que el relevo del subdirector (miembro del sindicato nacionalista ELA, en el que ocupó cargos de responsabilidad) no tiene relación alguna con su trabajo en el penal ni con su apoyo a la concesión de terceros grados a terroristas aunque éstos no los hubieran solicitado. Sus informes fueron luego usados por Alonso para ordenar liberaciones. Instituciones Penitenciarias asegura que la decisión responde a necesidades «puramente operativas» y de reorganización del servicio en la cárcel de Nanclares y otros centros de Interior. Según fuentes de la prisión, el subdirector (coordinaba las actividades dirigidas a la reinserción de internos) defendió en ocasiones la oportunidad del tercer grado en contra de la opinión de otros técnicos, psicólogos y trabajadores sociales. Aunque su último análisis sobre Ostoaga, en agosto, era favorable a la excarcelación del preso que posteriormente se suicidó, Pablo Martínez se había opuesto sólo dos meses antes. La primera vez que Alonso pidió informes, manifestó que «no mostraba de un modo claro una postura sobre el delito cometido y la procedencia de las armas para defender ideas». Es más, no se desmarcaba de su «grupo de referencia» (el resto de presos de ETA) y seguía «consignas» como huelgas de hambre. En agosto, en cambio, su opinión sobre el recluso era bien diferente, un drástico cambio que ni sus compañeros ni sus superiores acertaron a comprender. El activista se había convertido en un «interno más dialogante» y perfectamente reintegrable: «Posee capacitación profesional y acogida familiar», anotaba Martínez, que decía que su nivel de reincidencia «parece bajo en cuanto nuevos atentados o apoyo a la banda». Directrices del ministerio La situación de Martínez -según fuentes sindicales- se había vuelto «muy incómoda» en las últimas semanas, después de que Interior, a raíz del caso Ostoaga, diera directrices para que ningún funcionario aconsejara excarcelar etarras. El Gobierno vasco y el sindicato nacionalista ELA achacaron la decisión a «razones políticas» del Ejecutivo central, que opta por deshacerse de un «incómodo». Es, matizaron fuentes del Gobierno autonómico, «un peldaño más en la escalada de despropósitos» del PP, tendente a «eliminar cualquier discrepancia» en cuanto a endurecer la lucha antiterrorista. Por su parte, José Elorrieta, secretario general de ELA, señaló que «en sectores tan difíciles como prisiones hay trabajadores, y nos enorgullecemos de ello, que defienden con profesionalidad unas posiciones democráticas que en este caso han significado su cese».