El Poder Judicial admite la legalidad de las excarcelaciones de la jueza Alonso
ESPAÑA
Archiva las diligencias porque las liberaciones de presos de ETA sólo pueden corregirse en los tribunales Los fiscales apoyan la centralización de la de vigilancia penitenciaria, pero piden dos juzgados
05 nov 2002 . Actualizado a las 06:00 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admitió ayer que la controvertida actuación de la jueza de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso -quien excarceló recientemente al etarra Gil Ostoaga-, se ajustó a lo previsto en la ley. Por ello, y en línea con su servicio de inspección, el órgano ejecutivo archivó las diligencias abiertas sobre aquella decisión, al considerar que sólo puede ser corregida por los tribunales competentes y no depurada por la vía disciplinaria. Aunque miembros de la mayoría conservadora pretendían que se abriera una investigación más profunda, primó el criterio progresista y de los vocales encargados de los asuntos judiciales vascos, quienes defendieron que aunque la concesión de beneficios pueda discutirse, no deja de ser un asunto «estrictamente jurisdiccional». Es más, creen que la actuación de su presidente, Francisco Hernando, fue «precipitada» al ordenar las pesquisas de modo unilateral y sin consultas. El archivo provocó que los vocales propuestos por PSOE e IU no plantearan en el pleno de ayer un escrito en el que reclamaban el apoyo expreso a la jueza y su «difícil labor en defensa de los derechos y del valor de la reinserción previsto constitucionalmente». No obstante, la magistrada puede solicitar el amparo de la institución si cree que su independencia e imagen han sido vulneradas. Desde los partidos, el PP, que censuró las decisiones de Ruth Alonso respecto a los etarras (excarceló a 16 en los últimos 4 años, aunque sólo 2 vieron confirmado tal privilegio por los órganos superiores), se limitó a expresar su «respeto» por la decisión del CGPJ, mientras que el PSOE señaló que la investigación «carecía de fundamento» porque se debía a una decisión política. Por su parte, colectivos de víctimas del terrorismo reclamaron reformas legales que defiendan sus derechos y dudaron sobre la eficacia de la reinserción para presos de ETA. La cúpula fiscal dio ayer su apoyo al anteproyecto de ley que hará que la Audiencia Nacional controle el régimen penitenciario de los reclusos condenados por dicho órgano, asumiendo competencias de juzgados provinciales. Sin embargo, el respaldo no fue tan unánime como esperaban, ya que algunos discutieron el momento elegido por «contraproducente». La mayoría de la Junta de Fiscales de Sala coincidió en que si la Audiencia acepta esas tareas, no bastaría con un solo juzgado, como prevé Justicia, sino que serían necesarios al menos dos. Y es que asumiría las penas de más de 2.000 presos por delitos de terrorismo, tráfico de droga y grandes fraudes financieros. El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, y el presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, abogaron en Málaga por crear a corto plazo el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y así unificar los criterios.