El Congreso aprueba la ley que se aplicará a partir de marzo de 2003 Justicia sostiene que el 70 por ciento de las causas podrán ser resueltos con este procedimiento
03 oct 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una reforma que, amén de intentar frenar la inseguridad ciudadana, permitirá resolver en un máximo de 72 horas las faltas y en 15 días los delitos flagrantes penados con menos de cinco años de prisión, como las lesiones y amenazas (comunes en la violencia doméstica), los robos y hurtos, y los actos contra la seguridad del tráfico. Los tribunales españoles deberán empezar a aplicar el nuevo sistema de juicios rápidos a partir de marzo de 2003, una vez finalizado el plazo de seis meses que el Parlamento ha incluido en la ley para disponer los medios necesarios para su desarrollo. El representante de CiU (promotor de esta reforma legal), Manel Silva, destacó el «valor» que el nuevo sistema de enjuiciamiento rápido e inmediato supondrá para lucha contra la inseguridad ciudadana, sin mermar por ello los derechos de las víctimas y de los propios delincuentes. Por su parte, el portavoz socialista, Javier Barrero, recordó que este tipo de juicios no son nuevos, ya que fue uno de los Gobiernos de Felipe González el que lo puso en marcha en 1992, para reducir el incremento de delincuencia que se preveía en España con motivo de la celebración de dos eventos internacionales: los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Desde el Gobierno, empero, se señaló que la reforma legal aprobada viene a modernizar y dotar de medios a un sistema que se había quedado desfasado, y que apenas se utilizaba en la mayoría de las capitales (sólo Barcelona, donde el 40 por ciento de los juicios celebrados en 2001 fueron rápidos, se salva de tan negativo diagnóstico). Violencia callejera Asimismo, el actual titular de Justicia, José María Michavila, precisó que ahora se delimitan claramente qué delitos pueden ser enjuiciados de forma inmediata, entre los que podría incluirse la violencia callejera siempre que la pena a aplicar sea inferior a cinco años de prisión. Michavila destacó que el Ejecutivo dedicará los próximos meses a elaborar un plan de implantación «integral y eficaz» de los juicios rápidos.