El 63% de los inmuebles inspeccionados en Madrid no logró el informe favorable El sindicato critica el fracaso de la política de rehabilitación del Ayuntamiento
03 sep 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El 63% de los edificios inspeccionados en Madrid presentan un informe desfavorable, según informó ayer el sindicato CC.OO., que ha denunciado el «abandono» de las políticas de rehabilitación de viviendas por parte del Ayuntamiento de la capital. Según CC. OO. de Madrid, durante el año 2000 se presentaron 4.146 inspecciones al Departamento de Control de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de la Gerencia de Urbanismo, aunque asegura que en ese período deberían haber sido revisados 18.000 edificios, y subraya que sólo el 37% pasó el examen. El sindicato agregó que en Madrid existen 400.000 viviendas con deficiencias estructurales, funcionales o de habitabilidad lo que, añadió, supone un 20 por ciento del parque residencial. El 75 por ciento de estas viviendas defectuosas, continuó Méndez, están ubicadas en la capital «por lo cual es necesario que el Ayuntamiento acometa soluciones urgentes e imaginativas en el casco antiguo y en las 42 colonias históricas y cascos históricos anexionados, cuya conservación y revitalización dependen del Plan General de Urbanismo», afirmó. Contra la especulación Por su parte, Javier López, secretario general, de CC.OO. de Madrid, opinó que «la mejor vacuna contra la especulación inmobiliaria y para mantener los precios y la accesibilidad de la vivienda en la región» sería «una adecuada política de rehabilitación» por parte del Ayuntamiento. En su informe sobre rehabilitación del patrimonio histórico, CC. OO. sostiene que entre abril de 1997 y abril del pasado año se declararon en ruina inminente 154 edificios (43 en Tetuán; 32 en el distrito Centro; 14 en Carabanchel y 12 en Villa de Vallecas). Además, en el mismo periodo se llevaron a cabo en la capital un total de 624 actuaciones por ejecución sustitutoria y 146 actuaciones por ejecución sustitutiva, es decir, con la máxima urgencia que permite la ley a las administraciones.