Cuatro estados miembros de la UE se han mostrado durante el último año como los más interesados en la creación del fiscal europeo. España apoya la iniciativa con el objetivo de que, a medio plazo, el fiscal amplíe su margen de actuación a delitos como el terrorismo, el crimen organizado, la ciberdelincuencia o el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Francia y Alemania, por su parte, han evidenciado su preocupación por las mermas importantes que sufren anualmente los presupuestos comunitarios por culpa de los fraudes. En el caso de Italia, su interés radica, por un lado, en no quedarse descolgada de los grandes asuntos que afectan a la seguridad interior de los Quince y, por el otro, en lograr una colaboración más efectiva de sus socios comunitarios para luchar contra las múltiples organizaciones mafiosas que operan dentro del país transalpino. El fiscal europeo garantizará «un interfaz entre el plano comunitario y las autoridades judiciales nacionales», evitando así la destrucción de pruebas y la fuga de sospechosos, «lo que actualmente se ve favorecido por la falta de cooperación» entre los socios.