Mario Conde ingresó este jueves en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco para empezar a cumplir los 20 años y 2 meses de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo por sus responsabilidades penales en el llamado 'caso Banesto', tras doblar la condena impuesta en marzo de 2000 por la Audiencia Nacional, cuya sentencia ha sido ampliada.
30 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Ocho años y medio después de la intervención del Español de Crédito por parte del Banco de España, en lo que supuso uno de los grandes escándalos de las finanzas nacionales, el ex presidente de la entidad crediticia y otros cinco antiguos colaboradores suyos deberán purgar ahora sus culpas entre rejas. Los magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal no solo han elevado las sanciones impuestas en el primer fallo de este prolijo proceso iniciado en noviembre de 1994, sino que han incluido a dos nuevos condenados que fueron absueltos entonces: Enrique Lasarte, ex consejero delegado del banco (que recibe ahora 4 años de prisión), y el financiero francés Jacques Hachuel (4 años). Junto a ellos aparecen Arturo Romaní (13 años y 8 meses), ex vicepresidente, y Fernando Garro (6 meses), ex director general -los dos únicos que no han visto alteradas sus penas-, además de Rafael Pérez Escolar (9 años y 8 meses), ex consejero. Cuatro de los condenados ingresaron este mismo jueves por la tarde en distintos centros penitenciarios tras presentarse de forma voluntaria en la Audiencia Nacional, órgano encargado de ejecutar el fallo. Conde y Lasarte, cuya amistad se inició antes de entrar en Banesto, eligieron la conocida cárcel de Alcalá-Meco, donde el ex banquero ya pasó año y medio tras la sentencia del 'caso Argentia Trust'. En la enfermería de la misma prisión quedó instalado Pérez Escolar, quien dada su avanzada edad (75 años) y las dolencias que padece (sobre todo, cardíacas) podría quedar en libertad condicional a corto plazo si el juzgado correspondiente y los responsables de la prisión lo aconsejan así para preservar su estado de salud. Romaní fue a Soto del Real tras preferir de forma expresa un centro distinto al de Conde, con el que se empezó a distanciar tras el estallido del 'caso Banesto' y a quien responsabiliza de forma personal de su situación actual. No sólo no se saludan desde hace años, sino que durante el tiempo que tuvieron que esperar en la Audiencia, el ex vicepresidente de la entidad crediticia pidió que le dejaran permanecer en un despacho distinto al de su jefe. Mientras, la Policía busca a Garro y a Hachuel (quien vive en París y también tiene más de 70 años, edad que podría reducir sensiblemente su estancia en prisión) para que empiecen a cumplir ya la sentencia. Nuevas vías La sentencia del Supremo pone fin a la vía penal del proceso abierto tras el descubrimiento hace ocho años de un 'agujero' de casi 3.600 millones de euros en las arcas del Español de Crédito. Sin embargo, aún quedan abiertos otros caminos, tanto para las defensas como para las acusaciones. Las primeras pueden solicitar ahora el amparo del Tribunal Constitucional (la defensa de Conde ya ha anunciado que lo hará, al menos, por la supuesta vulneración de su derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), aunque ni en el hipotético caso de que sus recursos fueran admitidos a trámite serían suspendidas las condenas de forma provisional. Algunas de las acusaciones, que también podrían ser consultadas en esa futurible revisión del fallo por parte del órgano máximo interprete de la Carta Magna, quieren impulsar la vía civil para que los condenados respondan ante los perjuicios causados a los clientes y empleados del banco. Conde y sus ex colaboradores deben enfrentarse además a la 'Acción Social de Responsabilidad' emprendida contra ellos por la propia entidad crediticia, en cumplimiento del mandato dado por sus accionistas en la Junta Extraordinaria celebrada en marzo de 1994, tras la intervención. El fallo del Supremo, que ha confirmado todas las cautelas impuestas por la Audiencia, refrenda el uso de la teoría del levantamiento del velo para embargar los bienes de distintas sociedades instrumentales que, según los jueces, no son más que una mera 'pantalla' utilizada por los acusados para ocultar su verdadero patrimonio. Todos ellos deberán indemnizar al Español de Crédito, de forma proporcional al perjuicio que hayan causado, en 44,75 millones de euros, cantidad a la que se unirán otros 5,2 millones de euros que los seis condenados han de afrontan en concepto de multas. Según el análisis de la Sala Segunda, el catálogo de delitos cometidos por Conde y sus antiguos colaboradores incluyen la apropiación indebida, la estafa y la falsedad en documento mercantil. Las principales novedades de su resolución son la penalización de la retirada 'injustificada' de 300 millones de pesetas de la caja de Banesto en 1989, que los magistrados estiman que no habría prescrito al realizarse en dos operaciones distintas, y la consideración como un hecho ilícito de las falsedades contables realizadas en los libros del banco entre 1992 y 1993 para 'ocultar su verdadera situación económica', de la que son responsabilizados Conde y Lasarte.