El Ministerio de Cultura rechaza la petición catalana de que se devuelvan los archivos incautados por Franco y los partidos políticos anuncian acciones judiciales
27 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.La disputa data de los años de la Transición pero se ha avivado ahora con la puesta en marcha de la exposición Propaganda en guerra , dentro de los actos de la capitalidad cultural europea de Salamanca 2002 y coincidiendo, para mayor disgusto del nacionalismo catalán, con el aniversario del fusilamiento del ex presidente de la Generalitat Lluís Companys. Precisamente la puesta en marcha de esta muestra motivó que a finales del año pasado un grupo de intelectuales catalanes formara la denominada Comissió de la Dignitat , entidad que pretende aglutinar todos los esfuerzos, políticos y legales, para el regreso a Cataluña de los documentos que alberga el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. El patronato del citado organismo determinó esta semana que los legajos se quedan definitivamente en la ciudad castellana, ante la falta de acuerdo de la comisión de expertos constituida para analizar el tema -formada por dos representantes del Gobierno catalán y otros dos del Ministerio de Cultura- y como garantía de la unidad del archivo. Antoni Strubell, escritor y profesor de la Universidad de Deusto, rechaza los argumentos del archivo salmantino: «No es cierto que vayan a crear un lugar de estudio riguroso sobre la Guerra Civil. De ser así, deberían trasladar archivos militares de otras partes, como Toledo o Simancas, y clasificar lo que tienen, que ahora está mezclado y hasta hace poco sólo servía para alimentar la calefacción. Además, buena parte del pucherazo policial franquista es material del siglo XIX y de la pre-República. Juegan con las fechas, pero son muy generosos consigo mismos». Los miembros de esta Comissió de la Dignitat se amparan en el Convenio de la Haya sobre protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y en una resolución del Consejo Internacional de Archivos, adscrito a la Unesco. A su iniciativa se han sumado intelectuales de todo el mundo, como Noam Chomsky, Rigoberta Menchú, Pérez Esquivel o Ian Gibson. Los papeles forman parte del botín incautado por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, organismo creado en 1938 para obtener información que después servía como prueba en Consejos de Guerra. Desde Cataluña se transportaron 12 vagones de tren cargados de documentos, con los que se confeccionaron tres millones de fichas personales.