Esta situación cuesta unos 30 millones de euros anuales al Ministerio de Justicia El 40 por ciento de la plantilla actual de jueces y magistrados son «no profesionales». Es decir, licenciados en Derecho que no pertenecen a la carrera. Esta situación lleva a que exista un número importante de trabajadores provisionales, que no se encuentran amparados por el derecho constitucional de la inamovilidad. El CGPJ ha expresado su preocupación por esta circunstancia, que no sólo afecta a los profesionales del sector ya que cuesta unos 30 millones de euros anuales al Ministerio de Justicia.
06 jul 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se muestra preocupado por el hecho de que el 40 por ciento de la plantilla actual de jueces y magistrados (1.600 personas) sean licenciados en Derecho que no pertenecen a la carrera. Para la mayoría de los vocales, este hecho supone una «anomalía» frente al modelo constitucional, que exige una Justicia administrada por profesionales amparados en la inamovilidad. Por este motivo, quiere reducir de forma drástica el número de sustitutos, que supone la existencia de una «judicatura paralela». Esta situación de provisionalidad le cuesta cada año unos 30 millones de euros al Ministerio de Justicia. El autor del informe aprobado por el Pleno del órgano de gobierno de la judicatura, José Luis Requero, reprocha a algunos órganos judiciales que «en no pocos casos» exista «una cierta relajación en la aplicación de las normas», de forma que, por medio de los sustitutos, se amplíen de facto algunas plantillas judiciales hasta superar incluso el número de titulares. Este hecho ocurriría en Asturias, Canarias, Extremadura, La Rioja y Navarra. A los suplentes no se les exigen los mismos requisitos que a los «profesionales». El Estado les contrata por períodos anuales a propuesta del CGPJ, una vez consultados los distintos tribunales españoles.